Tortura inacabable

Madrid

Los más interesados en que se haga pública la famosa lista de las 700 y pico personas investigadas por posible blanqueo de capitales deberían ser los militantes del Partido Popular. Debe suponer una verdadera tortura el continuo goteo de nombres que han sido altos cargos de su partido y de sus gobiernos y que, día tras días, ocupan las primeras páginas de todos los medios de comunicación.

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Hace dos días fue Rodrigo Rato, un ex ministro de Hacienda acusado, entre otras cosas, de alzamiento de bienes; ayer fue el ex ministro de Justicia y actual embajador de España en Londres, Federico Trillo, del que se investiga si cobró más de 300.000 euros de una empresa constructora para la que, al parecer, no consta que realizara el asesoramiento presuntamente contratado. Trillo era en ese momento diputado y dueño de un bufete. Junto a Trillo, ha saltado también el nombre de otro activo diputado, Vicente Martínez Pujalte, conocido por sus declaraciones de amistad inquebrantable con el tristemente famoso Carlos Fabra.

El ministerio de Hacienda asegura que, de acuerdo con la ley, no puede hacer pública la lista de contribuyentes investigados, pero algunos juristas estiman que lo que se haría pública sería una lista, no de contribuyentes, sino de personas investigadas por la policía en relación con presuntos delitos, algo que no es nada infrecuente y que es perfectamente legal. Y algo que permitiría al Partido Popular tragar esa copa de golpe y no preparar unas elecciones bajo la permanente amenaza de un nuevo escándalo.