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Nuevo Gobierno: consumo y ecología

“Se necesita una agencia que pueda imponer sanciones ejemplarizantes”

¿Qué le piden los colectivos más directamente afectados en las políticas de consumo, medio ambiente o agricultura al nuevo Gobierno? En el pasado SER Consumidor entrevistamos a representantes de distintas asociaciones de consumo (OCU, FACUA o ADICAE), organizaciones medioambientales (Ecologistas en Acción y Greenpeace España), al secretario general de la coordinadora de organizaciones agrarias y a un experto en energía como Jorge Morales, para conocer sus propuestas y saber cómo valoran el nuevo Gobierno

JAVIER LIZON / Colaborador (AFP) (Getty Images)

Madrid

¿Qué le piden al nuevo Gobierno colectivos que tienen mucho que ver con el consumo? En el pasado SER Consumidor analizamos con algunos expertos la actual situación.

“Se necesita una agencia de consumo que puede imponer sanciones ejemplarizantes”

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Rubén Sánchez, portavoz de Facua, comentaba: “No es difícil hacer las cosas mejor que en la etapa anterior, porque las políticas de consumo estuvieron totalmente muertas”. Entre las peticiones de Facua, Sánchez pidió que se solucionara “el gran problema con las clínicas privadas, especialmente con las clínicas dentales, que están cerrando en toda España. Y que se cumpla de una vez la sentencia europea que dice que los 902 son ilegales y que no se pueden utilizar en servicios de atención al cliente”.

Manuel Pardos, presidente de ADICAE, mencionó que “en el discurso de censura nombra a los consumidores y a los organismos supervisores”. Valoró también como positivo que en la toma de posesión de carteras de la nueva Ministra “se ha nombrado como tarea prioritaria la defensa de los consumidores frente a los grandes fraudes que hemos sufrido”.

Ileana Iverniceanu, portavoz de OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), recordó que estos últimos años “ha habido un parón de transposición de normas que eran muy necesarias para los consumidores”. Ente las peticiones de OCU, ella destacó la que hacen siempre: “una agencia de consumo a la italiana, que funcione como en Italia, que pueda imponer sanciones ejemplarizantes en materia de consumo para que no nos atropellen”. Y puso un ejemplo: “el caso de Apple, que cuando restringieron las garantías en sus productos de dos años a uno, en España le impusieron una multa de 42.000 euros y en Italia fue de 3 millones de euros”.

Paco Segura, coordinador estatal de Ecologistas en acción, valoró positivamente el cambio de Gobierno y comentó que cree que “se va a mejorar mucho en cuanto a poner en marcha medidas que hagan que el cambio climático se tome en serio”. Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, adelantó que pedirán “cosas concretas como la derogación del impuesto al Sol, o cuál va a ser la posición de España en Bruselas de cara al escenario de renovables y eficiencia del 2030.”. Y añadía: “Lo bueno es que ahora va a haber un Ministerio que lidere la transición energética, no como pasaba antes, que energía iba por un lado, medio ambiente por otro y estaba todo paralizado”.

Jorge Morales, ingeniero, experto en energías y patrón de la Fundación Renovables, se centró en el reto que tiene el nuevo Gobierno en su compromiso de cerrar nucleares y carbón. “Estamos hablando de casi el 40% de la electricidad del país. Lo que hay que hacer es un plan de sustitución de energía para que la que se aporta de esas centrales pase a ser generada por el sol y por el viento, porque si no al cerrar las anteriores se puede disparar el precio de la luz”. Morales cree que el nuevo Gobierno tiene que medir muy bien cuál va a ser las batallas plantear, que en su opinión deben ser cambiar el funcionamiento de la hidroeléctrica en el mercado de la electricidad y garantizar una estabilidad regulatoria de las renovables.

Miguel Blanco, secretario general de COAG, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, cree que el nuevo ministro es conocedor del sector agrario y de las políticas agrarias comunitarias, “que son muy complejas y que ahora se están reformando”. Sobre el papel que el Gobierno puede jugar en reducir el diferencial de precios, Blanco cree que puede ser determinante: “El mes pasado, el diferencial de precio de una lechuga era de un 600%. Esto se tiene que terminar para mejorar la situación de los dos eslabones más débiles: productores y consumidores”.

 

 
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