La España que no solo pierde población
Más de 80 plataformas y asociaciones se manifiestan hoy en Madrid para exigir políticas que acaben con la despoblación de las zonas rurales
En los últimos 10 años 35 provincias españolas han perdido habitantes y no se trata solo de pueblos. Mucha gente también emigra de capitales provinciales
El cierre de colegios, centros de salud, empresas o bares hace imposible llevar una vida normal en muchos municipios del país
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Madrid
España no está vacía, la están vaciando. Este es el principal reclamo de las más de 80 plataformas y asociaciones que se manifiestan hoy en Madrid para exigir a los políticos medidas concretas que acaben con la despoblación. Una despoblación que no solo afecta ya a los pueblos y municipios rurales; también muchas capitales están perdiendo habitantes. En los últimos 10 años 35 provincias españolas han perdido habitantes según datos del INE. Con las elecciones en el horizonte es el momento de poner este tema en las agendas electorales.
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La población española ha crecido desde los 34'2 millones de personas en 1975 hasta las 46,7 actuales. Pero este aumento ha sido desigual y la mayor parte de los territorios de España pierden población en favor de las grandes ciudades y las zonas costeras. Solo en el periodo 2017 y 2018, Zamora, Ávila, León y Cáceres fueron las provincias que más personas abandonaron mientras que las islas Baleares, Madrid y Santa cruz de Tenerife ganaron población.
Pero no solo se pierde población. Se pierden colegios, industrias, comercios, bancos... Algo que hace imposible llevar una vida normal muchos territorios. "¿Te irías a vivir a un pueblo donde el banco va el último miércoles de cada mes y no va ningún otro día? El último miércoles de cada mes va una furgoneta, los vecinos hacen cola y sacan 600 o 700 euros, lo que tengan que sacar, porque hasta el mes siguiente no va a volver el banco", cuenta Pepe Polo, portavoz de Teruel Existe.
"Las personas mayores para ir de un pueblo a otro al médico, a la farmacia, a la panadería... tienen que coger un coche o esperar a que pase el frutero o el panadero una vez a la semana", relata Rosana de Romera. Ganadera en Aldehuela del Rincón, un pueblo de 30 habitantes en Soria, tuvo que dejar de trabajar mientras sus hijos iban al colegio para poder llevarlos y traerlos cada día. "Mi hermano vino a vivir al pueblo con mucha ilusión, pero desde que nació su hija se tuvo que marchar. El autobús escolar pasaba a las ocho y media y su jornada laboral empezaba a las ocho", dice de Romera.
La dificultad para conciliar la familia no es el único motivo que expulsa a los habitantes. "Yo soy psicóloga y no tengo ni si quiera la opción de quedarme en mi provincia. No puedo elegir... tengo que decidir entre mi vida o mi carrera profesional", explica Celia Andrés que se ha criado en Molinos, un pueblo de 200 habitantes en Teruel, pero que se ha tenido que trasladar a Zaragoza por motivos laborales. "Si hay una urgencia sanitaria en mi pueblo el hospital más cercano está a 40 kilómetros. Sé que no puede haber un centro de salud en cada rincón pero qué menos que un mínimo de personal sanitario y una buena red de comunicación... muchos pueblos tienen un autobús al día o ni si quiera tienen", cuenta Andrés.
Más del 80% de los pueblos de 14 provincias -Soria, Zamora, Burgos, Ávila, Teruel, Salamanca, Palencia, Guadalajara, Segovia, Valladolid, Zaragoza, Cuenca, Huesca y La Rioja- están en riesgo de extinción. Y para Jesús Guerra, distribuidor de cerveza en León, hay un hecho que mata un pueblo: "En las zonas de 10, 20 o 30 personas los bares al final van cerrando. En cuanto se jubila el dueño pues se acabó. En el momento en el que un pueblo pierde su último bar, está muerto. Al final el bar es el punto donde se socializa".
Castilla y León es uno de los ejemplos más sangrantes. En 2001 aportaban 6,11% de habitantes al conjunto del país y en 2019 aportan poco más del 5%. El 80% de los municipios tiene menos de 500 habitantes y en estas zonas la conectividad y redes de telecomunicaciones son muy débiles e incluso inexistentes. "Soy un claro caso de despoblación. Yo fui a la compañía de teléfono a ponerme internet en mi casa y no podía. Porque en mi pueblo hay para 5 líneas de router y si quieres poner una sexta no llega la conexión", cuenta Silvia Largo, portavoz de la Plataforma Soria YA!, que abandonó su pueblo por ese motivo.
Pero no solo ocurre en las zonas rurales. El problema es que muchas capitales de provincias también se están despoblando. Precisamente, Soria ha visto cómo su población se reducía un 23% en los últimos años, dejando pueblos fantasma a su paso, mientras que en Madrid los habitantes han crecido un 73% y conseguir un piso de alquiler se ha convertido en un reto heroico.
Medidas concretas
El sentimiento de hartazgo en los ciudadanos es compartido. Durante décadas se han prometido infraestructuras y servicios, muchas de ellas publicadas incluso en el BOE o en los Boletines de las Comunidades Autónomas. "El corredor Cantábrico-Mediterráneo se aprobó y el Ministerio de Fomento lo presentó en Zaragoza con siete presidentes de Comunidades Autónomas. Hay una inversión prometida de 4.800 millones de euros, un vídeo que hacen de cómo sería el ferrocarril, los túneles que tendría... esto fue en 2009. 2019 todo sigue igual", lamenta Pepe Polo, portavoz de Teruel Existe.
Para ellos no hay duda: la falta de inversión en infraestructuras y en comunicaciones va ligada a la despoblación. Por eso, creen que la solución debe pasar por medidas fiscales e incentivos para funcionarios. "Igual que hay fiscalidad diferente en Canarias, Melilla y Ceuta tiene que haberla en el medio rural. no podemos estar pagando los mismos impuestos." explica Jesús Ortega portavoz de la Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial del Tajo-Tajuña. "Las leyes que se hacen en España no pueden ser genéricas. No es igual legislar el desarrollo industrial en un municipio de 100 habitantes que en una ciudad con polígonos industriales", dice Ortega.
Cambiar el relato es la prioridad de todos los colectivos. Que las medidas no sean a corto plazo sino que se planifiquen proyectos de 15 a 20 años y que los partidos miren más allá de los procesos electorales. No solo para frenar la despoblación sino para volver a repoblar. Por eso, con las elecciones en el horizonte es una oportunidad poner este problema en el centro de la agenda política.