Toma de postura

Nada sucede por casualidad. El auto del Tribunal Supremo que ha paralizado la exhumación de Franco es un documento lo suficientemente relevante como para suponer que sus autores no se lo prepararon. El 1 de octubre de 1936 es una fecha desconocida para casi todos los españoles. Sólo los franquistas recuerdan que ese día, los golpistas que habían provocado una sangrienta guerra civil al alzarse en armas contra el gobierno de Madrid y trasladar a la península a 15.000 soldados marroquíes en aviones gentilmente cedidos por Adolf Hitler, nombraron a Francisco Franco jefe del Estado de la España rebelde. Esto no es una opinión mía. Son hechos históricos que no desmienten ni siquiera los apologistas de la dictadura. El 1 de octubre de 1936, España era legalmente una República presidida por don Manuel Azaña, y siguió siéndolo hasta el 1 de abril de 1939. En estos momentos, en los que el prestigio de la democracia española está en manos del Supremo, asumir la versión golpista frente a la cronología democrática oficial, es una toma de postura. Incluso si hubiera sido un error, provocado por la desidia de unos magistrados que copiaron literalmente el texto de la demanda presentada por la familia Franco, seguiría siendo una toma de postura. Es intolerable que en España, hoy, pase una cosa así. Esto sí es una opinión mía. A lo peor, puede acabar siendo también la opinión de los magistrados de Estrasburgo, cuando juzguen la imparcialidad de un tribunal capaz de asumir la versión de un dictador. Y no será culpa de Puigdemont.