PSOE, PP y PA no darán margen de confianza al nuevo gobierno de Marbella
Principio de acuerdo de las tres formaciones
En Sevilla, dirigentes del PSOE, PP y PA se han reunido en el Parlamento andaluz para tratar la crisis de Marbella. Han llegado a un principio de acuerdo para buscar una salida consensuada a la situación del Ayuntamiento de Marbella, gobernado desde el 13 de agosto por 8 transfugas del Gil | Elecciones Andalucia 2012
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Los tres partidos acordaron hoy en Sevilla no dar ningún tipo de "margen de confianza" al nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) que encabeza Marisol Yagûe y no descartar la posibilidad de promover la disolución del consistorio tomando como base informes jurídicos que avalen esta salida "excepcional" que solicitarán a la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación.
PSOE, PP y PA volverán a reunirse el próximo lunes y se marcan como objetivo intentar cerrar un acuerdo por escrito que concrete las medidas a adoptar, que ahora se dan un tiempo para "madurar" por separado.
Tras este primer encuentro, socialistas, populares y andalucistas coincidieron en lanzar al nuevo gobierno municipal marbellí el "mensaje claro" de que no habrá "margen de confianza, punto final, amnistías, fórmulas-puente ni vías de negociación", sino que está obligado, como el resto de ayuntamientos andaluces, a someterse a la legalidad vigente, que en materia urbanística pasa por el cumplimiento estricto del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986.
Ante este escenario, PSOE, PP y PA no descartan la posibilidad de solicitar la disolución del Ayuntamiento de Marbella, aunque coinciden en que esta "medida excepcional" debe adoptarse tomando como base informes legales que la avalen, para lo que solicitan tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de la Nación que presenten a la mayor brevedad informes sobre la situación "jurídica, económico-financiera y urbanística" del Ayuntamiento marbellí que evalúen en què medida afectan al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y la gestión de los intereses generales para determinar si se justifica la posibilidad de pedir la disolución de acuerdo con los condicionantes establecidos en el artículo 21 de la Ley de Bases del Règimen Local.
