Garzón pide a Argentina que no libere a los cuarenta ex militares represores

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha pedido a Argentina que no deje en libertad a los 40 ex militares a los que quería procesar por los crímenes cometidos durante la dictadura argentina. Garzón quiere que el juez argentino Rodolfo Canicoba juzgue a los ex-militares en su país. Para ello, va a remitirle el sumario español sobre los desaparecidos.

Garzón ha hecho esta solicitud en un auto que tramitará con carácter de urgencia para que llegue a Canicota cuanto antes. En él se ofrece para remitirle la documentación que acompañaba a las solicitudes de extradición, así como todo el sumario español sobre los desaparecidos en Argentina,

para que le sirva como denuncia y poder mantener así en prisión a los detenidos.

El juez remitió el auto después de que el Consejo de Ministros acordara el viernes "no continuar los procedimientos de extradición" de los cuarenta presuntos represores argentinos, a la espera de que la Corte Suprema de Argentina se pronuncie sobre la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

El viernes, Canicoba ratificó que deberá poner en libertad a los detenidos al cumplirse el plazo de cuarenta días desde que notificase la orden de arresto sin haber recibido la solicitud del Gobierno español.

El magistrado de la Audiencia Nacional pide que la persecución penal contra los 39 militares y un civil se produzca "de forma inmediata y sin solución de continuidad" y que, en el caso de que esa actuación no sea posible pese a la nulidad de las citadas leyes, Canicoba le informe de tal circunstancia para "reactivar la petición de extradición".

Garzón expone que el acuerdo del Gobierno no supone la denegación de la solicitud de las extradiciones, sino la suspensión de la tramitación a la espera de lo que suceda en Argentina.

Explica que, si bien la denegación de la solicitud habría supuesto la puesta en libertad de los detenidos, en este caso concurren "circunstancias extraordinarias" que el juez argentino debe valorar para que la situación "no se convierta en una decisión de inmunidad o de falta de respuesta penal a unos hechos gravísimos como son los que se imputan a aquellas personas (genocidio,

terrorismo, torturas)".

En este sentido, considera que si la decisión del Gobierno español responde a la anulación por el Parlamento argentino de las leyes que impedían que se enjuiciase a los presuntos represores en ese país, lo primero que debe constatarse es si esas decisiones a día de hoy permiten la investigación y el enjuiciamiento de esas personas o si por el contrario, esos procedimientos no son viables.

Considera que en el primer caso, "si la acción penal fuera posible iniciarla y continuarla, debería procederse sin solución de continuidad" contra los imputados y se ofrece para remitir a Canicoba todos y cada uno de los antecedentes, testimonios y documentos" que tiene en su poder.

En el segundo supuesto, pide al juez argentino que mantenga a los detenidos en prisión y que le comunique la imposibilidad de que sean juzgados en Argentina para que el Gobierno decida nuevamente sobre la propuesta de extradición.

Garzón argumenta que esta solución es acorde con el contenido del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia Penal entre España y Argentina, puesto que la decisión de no continuar con la solicitud de extradición responde a "motivos nuevos y especialísimos", no previstos ni existentes cuando comenzaron los trámites, por lo que "debe obtenerse una respuesta judicial diferente a la mera puesta en libertad".

Para el magistrado, las únicas posibilidades pasan por que Canicoba proceda de oficio apoyándose en la documentación que él le ofrece, o por que el propio Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional continúe el procedimiento en aplicación del principio de justicia penal universal.