El Gobierno mantiene los aspectos más polémicos de la ley integral contra los malos tratos

El Gobierno mantiene los aspectos penales más polémicos de la ley integral. Según el anteproyecto definitivo aprobado hoy, pasarán a ser delitos las amenazas y coacciones leves cuando el agresor sea un hombre. Serán castigados con una pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad.

A pesar del informe crítico aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que calificó el anteproyecto de "inconstitucional", y de las objeciones presentadas por el Consejo de Estado, el Gobierno ha aprobado hoy su proyecto de ley contra los malos tratos.

El único aspecto que ha sido modificado por el Gobierno, atendiendo a las peticiones de las asociaciones de mujeres y de los grupos parlamentarios, ha sido la denominación de la ley, que vuelve a llamarse "Ley Integral contra la Violencia de Género".

Entre los aspectos más polémicos, se decide eliminar la necesidad de demostrar la intencionalidad del agresor, con un simple cambio de términos utilizados en la redacción. En vez de decir que la violencia es un "instrumento" para mantener la desigualdad y las relaciones de poder, se dice que es una "manifestación" de esa desigualdad.

Este artículo primero queda redactado asi: "La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges".

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La violencia a que se refiere comprende todo acto de violencia física y psicologica, incluídas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación de libertad.

La ley, incorpora la recomendación del Consejo de Estado, y refuerza la protección de los niños, señalando que la situación de violencia sobre la mujer afecta tambien a los menores que se encuentran dentro de su entorno familiar. La ley contempla tambien su protección, no solo para la tutela de los derechos de los menores, sino para garantizar de forma efectiva las medidas de protección adoptadas respecto de la mujer.

"LA CONSTITUCIÓN AMPARA LA DISCRIMINACIÓN POSITIVA"

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha indicado que se ha optado por la seguridad y el derecho de la igualdad de la mujer "y no por una visión conservadora del derecho".

El Gobierno defiende que la discriminación positiva está amparada por la Constitución y que ésta puede ampliarse al ámbito penal, habiendo delitos sólo para hombres.

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera señala que "utilizar el derecho desigualmente para alcanzar la igualdad, que se hace ya en los ámbitos laborales, educativos y sociales, ¿por qué no se va a hacer en el ámbito penal?". El Gobierno considera que sí se puede realizar, y por ello, mantendrá los tipos penales que sancionan la coacción y las amenazas con carácter de delito si el agresor es un hombre.

"QUE NO NOS PIDAN COLABORACIÓN PARA UNA CHAPUZA"

Esta ley no le gusta al Partido Popular, que a través de su portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, la ha calificado de "mala". "Que no nos pidan la colaboración para una chapuza. Vamos a intentar mejor esta ley que es mala, pero nos acercamos a ella con la mejor predisposición de convertirla en una buena".