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Martes, 25 de Febrero de 2020

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Comenzó el proceso de regularización de inmigrantes

La regularización abre la puerta a la esperanza a miles de 'sin papeles'

El consenso entre Gobierno, patronal y sindicatos sobre el Reglamento de Extranjería abrió la puerta a la esperanza de cientos de miles de "sin papeles", que podrán regularizar su situación, a partir de hoy, si tienen un contrato de trabajo y están empadronados desde antes del 8 de agosto de 2004. 160 oficinas de la Seguridad Social se han puesto en marcha (en horario de tarde) para recibir las peticiones.

El reglamento establece las condiciones y requisitos para residir y trabajar legalmente en España y abre un proceso especial de tres meses para la normalización de los trabajadores en situación administrativa irregular que viven aquí.

Según los datos del padrón, hay más de tres millones de inmigrantes y los permisos de residencia elevan a 1,8 millones el número de extranjeros "legales", con lo que habría cientos de miles de "irregulares" en el país, aún descontando las duplicidades en el padrón, a las personas que han abandonado el país o a las personas que no se encuentran en edad de trabajar (niños, ancianos).

Desde 1991 es la séptima ocasión en que se pone en marcha un proceso de normalización para dar respuesta a los trabajadores extranjeros en situación ilegal, iniciativas de las que se beneficiaron 600.000 personas.

Con la oposición del PP

Entre las fuerzas políticas, el Partido Popular es el único que se opone a esta nueva regularización por entender que no se puede iniciar sin conocer las previsiones concretas, qué consecuencias puede tener para el empleo y qué capacidad de acogida tiene el país receptor. Este mismo domingo, Ángel Acebes decía que "España no tiene recursos ilimitados para dar vivienda, trabajo, asistencia sanitaria o educación".

A partir de la entrada en vigor del texto, los extranjeros "sin papeles" dispondrán de tres meses para regularizar su situación si un empresario les contrata por un periodo mínimo de seis meses, demuestran una estancia en España de al menos medio año y carecen de antecedentes penales. La normalización fijada en la disposición transitoria pretende hacer aflorar la economía sumergida y que los inmigrantes que ahora se benefician de servicios como la sanidad o la educación y no cotizan a la Seguridad Social ni pagan impuestos sí lo hagan y contribuyan a la financiación.

La gestión, en manos del empleador

Por primera vez no será el inmigrante sino el empleador o empresario quienes deberán dirigirse a las oficinas de la Seguridad Social para presentar la documentación requerida (en vez de acudir a las oficinas de extranjería).

Los empleadores se arriesgarán a multas de hasta 60.000 euros si no regularizan a sus trabajadores inmigrantes durante este periodo especial, en el que se vigilarán y evaluarán a diario los imprevistos e incidencias que se vayan produciendo, según explicó Consuelo Rumí. Transcurridos los tres meses comenzará a operar una unidad especial de la Inspección de Trabajo que podrá imponer multas de hasta 60.000 euros a los empresarios que contraten en condiciones fraudulentas a los extranjeros.

Los inmigrantes que no legalicen ahora su situación tendrán otras fórmulas para hacerlo: el régimen general para contratar a un extranjero (ocupaciones de difícil cobertura por parte de los nacionales); contingente (que define anualmente la contratación programada de trabajadores que se necesitan para determinados sectores); reagrupación familiar; arraigo social (tres años viviendo en España); y arraigo laboral (residencia durante un mínimo de dos años).

Precisamente el arraigo laboral es el único artículo del Reglamento de Extranjería que no entra en vigor hasta el próximo 7 de mayo, dado que posibilita al inmigrante a iniciar una demanda contra su empleador (porque lo tiene trabajando en condiciones irregulares) o para que actúe de oficio la Inspección de Trabajo.

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