La nueva Ley del Menor prevé órdenes de alejamiento en los casos de acoso escolar

El Consejo de Ministros dio hoy el visto bueno al Informe presentado por el Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, sobre el Anteproyecto de Ley para reformar la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. El nuevo texto legislativo contemplará medidas de alejamiento para el agresor en los casos de acoso escolar, el conocido como bullyng y aumentará los supuestos de internamiento en régimen cerrado a determinados delitos considerados como graves, aunque no sean violentos, como el tráfico de drogas o la tenencia ilícita de armas. El Ejecutivo pretende así conciliar la orientación educadora de las sanciones que se adopten y el interés superior del menor, con una mayor protección de las víctimas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, López Aguilar explicó que la norma tiene "cuatro contenidos esenciales": Reforzar la protección de las víctimas, en esta línea se articulan las medidas de alejamiento en los casos de acoso escolar; responder eficazmente ante el fenómeno la integración de menores delincuentes en bandas y grupos organizados, otorgando a estos jóvenes un tratamiento especial; articular una respuesta judicial ponderada frente a los delitos más graves cometidos por menores, y, por último, introducir diversas medidas de caracter técnico para asegurar el mejor funcionamiento del sistema vigente en la actualidad.

Otro de los objetivos prioritarios de esta reforma es evitar la victimización del menor que entra en régimen de internamiento, en relación con el resto de internos que puedan ejercer una mala influencia sobre el mismo. Y para ello prevé la posibilidad de que el juez pueda dictar el traslado a centros penitenciarios de los delincuentes una vez que estos cumplan los 18 años. López Aguilar aseguró que esta medida se aplicará "excepcionalmente", entre los 18 y los 21, y que la regla general será la permanencia en el centro de internamiento.

En lo referente a las sanciones que recibirán los menores en caso de cometer un delito, la nueva ley posibilita el internamiento de los jóvenes en un centro de régimen cerrado en caso de llevar a cabo delitos considerados como graves en el Código Penal, aunque no sean violentos, como el tráfico de drogas o la tenencia de armas.