Bono anuncia el envío de 370 soldados a Pakistán durante 90 días
Anuncio ante la comisión de Defensa del Parlamento
José Bono, ministro de Defensa, anunció en el Congreso de los Diputados que España enviará a Pakistán 370 militares, a partir de este viernes y por un periodo de 90 días, en la misión humanitaria que la OTAN desplegará en ese país. Después, la Comisión de Defensa del Congreso debe autorizar, al menos con los votos de PSOE y PP, el envío de este contingente.
Tras afirmar que la situación en Pakistán es "dramática", el titular de Defensa destacó que, aunque no es obligatorio por ley, el Gobierno no dará la orden de salida de los militares sin la autorización del Parlamento.
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La semana pasada, cuando comunicó su intención de acudir al Congreso, el ministro ya explicó que la pretensión de la Alianza Atlántica era que España aportase una compañía compuesta por unos 300 militares, entre ingenieros y personal de apoyo.
Tras el anuncio del ministro, los grupos parlamentarios de PSOE, PP y PNV expresaron su disposición a respaldar el envío de militares españoles a Pakistán, siempre y cuando su misión se limite a realizar labores humanitarias en la zona en la que se registró el terremoto.
La proposición no de ley, que se someterá a votación tras la comparecencia del titular de Defensa para autorizar la operación, ha sido presentada por el PSOE y en ella se respalda la participación de las Fuerzas Armadas españolas, "a través de las organizaciones internacionales de las que España forma parte" en la ayuda solicitada por el país asiático.
En el texto se recuerda que España y otros 34 países han ofrecido ayuda a Pakistán de forma bilateral a través del Centro Coordinador de Respuesta ante Desastres de la Alianza Atlántica, del Mecanismo de Protección Civil de la UE, de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas o de otras organizaciones.
El PSOE, autor de la iniciativa, explica en la misma que el proyecto de Ley Orgánica de Defensa Nacional, actualmente en tramitación en el Senado, prevé que el Gobierno deberá someter a consulta y autorización del Congreso la participación de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones en el exterior, aunque esta petición de autorización "no será una obligación legal" hasta la entrada en vigor de la norma.
