El Gobierno defiende la sentencia que permite despedir a los profesores de religión por su conducta

La sentencia por la que el Tribunal Constitucional resuelve no admitir la cuestión de inconstitucionalidad de parte del Acuerdo de Enseñanza que el Gobierno y la Santa Sede suscribieron en 1979, en concreto la referente a la contratación de los profesores, ha suscitado las primeras reacciones. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Teresa Fernández de la Vega ha asegurado que el Gobierno "respeta" la decisión por considerar que "se ajusta a la Constitución".

Además, según la vicepresidente, esta decisión se adapta a las normas que el Gobierno está promoviendo para regular la enseñanza religiosa, a través de la LOE.

El vicepresidente de la Federación Estatal de Profesores de la Enseñanza de Religión (FEPER), Luis Guridi, ha asegurado hoy que la sentencia del Tribunal Constitucional, que ratifica que los obispos pueden elegir a los docentes de Religión y que la conducta de estos profesores determina su cualificación para esta enseñanza, "va en contra" de sus derechos laborales.

"Nosotros creemos que este fallo va en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores de la enseñanza de Religión, ya que, según la sentencia, dependeríamos de la voluntad única, exclusiva y arbitraria de un obispo", ha señalado Guridi en declaraciones a RNE. "Somos trabajadores de la enseñanza pública, no privada de titularidad de la Conferencia Episcopal con ideario propio", ha recalcado.

El diputado socialista Victorino Mayoral, miembro de la Plataforma Ciudadana por una Sociedad Laica, ha señalado en declaraciones a la Cadena SER que la sentencia consagra la existencia de unos ciudadanos de segunda, sin derechos constitucionales, y con un Estado cómplice de una situación creada por los acuerdos del 79 con el Vaticano.

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Para Mayoral, "el estado no se separa de la Iglesia y no aparece como neutral. Es como en el viejo nacionalcatolicismo, un instrumento vehicular del desarrollo de normas eclesiásticas".

Sn embargo, desde la patronal de colegios católicos concertados, sin embargo, se muestran muy satisfechos por la sentencia del Constitucional. Su presidente, Manuel de Castro, asegura que entienden que "ser profesor de religión supone, no sólo ser fiel en la transmisión de la doctrina, si no también tener una cierta coherencia con lo que se está transmitiendo".

Revocar los acuerdos

El grupo parlamentario de IU-ICV ha instado al Gobierno a que revoque los acuerdos pactados con la Iglesia Católica, tras la sentencia del Constitucional. En una nota, el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, considera que, después de esta sentencia, la responsabilidad de un Gobierno "mínimamente progresista" es revocar los acuerdos Iglesia-Estado en materia de enseñanza y asumir la contratación de los profesores de religión.

IU-ICV acata la decisión del TC pero pone en duda los elementos constitucionales en los que se puede basar una sentencia "que avala el despido de una mujer porque vivía con un hombre que no era su marido", al tiempo que alerta del peligro de que se siente jurisprudencia. "No entiendo que un Gobierno que defiende valores constitucionales pueda permitir que en un país aconfesional la Iglesia pueda despedir a profesores alegando cuestiones de sus vidas personales", ha subrayado.

Herrera anunció también que IU-ICV va a asumir el compromiso de presentar todas las iniciativas parlamentarias necesarias para que "de una vez por todas, la ordenación que regule la relación de la Iglesia con el Estado, sea la Constitución y no el Derecho Canónico".

Profesora separada

El fallo del Tribunal Constitucional se produce a raíz de la remisión, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, del caso de la profesora de Religión María del Carmen Galayo Macías, a quien las autoridades eclesiásticas de las islas no renovaron el contrato por mantener una relación afectiva con un hombre que no era su marido, del que se había separado previamente.

María del Carmen Galayo Macías, declaró ayer al programa Hora 25, de la Cadena SER, que se siente "dolorida y frustrada". "O estoy viviendo en siglos pasados o no sé lo que está pasando", aseguró la profesora, quien adelantó que seguirá peleando "hasta Bruselas".

Conducta

Los preceptos y artículos del Acuerdo de Enseñanza que el Gobierno y la Santa Sede suscribieron en 1979 son los referentes a la designación por las autoridades eclesiásticas del personal que impartirá la enseñanza religiosa (artículo III) y el que prescribe que a la jerarquía de la Iglesia corresponde señalar los contenidos de la enseñanza religiosa católica, así como proponer los libros de texto y el material didáctico (artículo IV).

El alto tribunal resuelve, respecto a estos aspectos, que "ha de corresponder a las confesiones la competencia para el juicio sobre la idoneidad de las personas que hayan de impartir la enseñanza de su respectivo credo". El alto tribunal considera, además, que esta elección no tiene por qué ceñirse a "los conocimientos dogmáticos o las aptitudes pedagógicas", sino que puede extenderse a la conducta de los profesores "en la medida en que el testimonio personal" supone para la comunidad religiosa "un componente definitorio de su credo", hasta el extremo de que este supuesto es "determinante" de la cualificación para la docencia.