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Miércoles, 21 de Agosto de 2019

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'Todos contra el canon' acusa al Gobierno de promover la censura

Un comunicado de esta organización asegura que el Ejecutivo quiere permitir a la SGAE el bloqueo de contenidos sin autorización judicial

La plataforma 'Todos contra el canon' ha denunciado hoy que el Gobierno ha introducido un cambio en la reforma de la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la información) que "convierte a las Sociedades Gestoras en órganos judiciales capaces de censurar no sólo los contenidos de una determinada web sino también los ordenadores particulares de los usuarios".

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'Todos contra el canon', plataforma que agrupa a asociaciones y organizaciones que se oponen a la ampliación del canon digital a nuevos dispositivos, ha emitido hoy un comunicado en el que señala que la nueva redacción del anteproyecto de ley con el que se realiza la reforma permitiría de ser aprobada que "una entidad de carácter privado decida qué contenidos se pueden o no publicar".

La modificación a la que se refiere esta plataforma no se ha hecho pública, y según el comunicado no se ha comunicado si quiera a "las asociaciones de usuarios ni al Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI)". Pese a ello, afirman en 'Todos contra el canon', mañana será debatida en la comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado, dependiente del ministerio de Presidencia.

La reforma de la LSSI, aprobada en 2001, implica en primer lugar, un cambio de nombre, pues la nueva norma que está a punto de pasar a debate parlamentario se llama Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) pasará definitivamente a las Cortes.

Los diferentes borradores que circularon antes de la aprobación del anteproyecto que ahora se discute ya causaron cierta polémica, y la Asociación de Usuarios de Internet, integrante de 'Todos contra el Canon', ya amenazó con recurrir la norma ante la Justicia por no incluir una declaración en la que se dijera expresamente que son los jueces los únicos con poder para interrumpir la prestación de un servicio o la retirada de determinados contenidos.

Todoscontraelcanon considera un error otorgar competencias restrictivas de la libertad de expresión e Información a una entidad privada, cuando nuestra Carta Magna legisla lo contrario en su artículo 20.5* que no permite a un órgano administrativo valorar contenidos por ser ésta una tarea que compete exclusivamente a los órganos judiciales. La modificación propuesta supone una vulneración de derechos fundamentales básicos y una quiebra de los más elementales principios de derecho.

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