La Audiencia Provincial de Castellón imputa en el 'caso Fabra' a dos ex altos cargos de los gobiernos de Aznar y Camps
Se trata de las que fueron directora general del Ministerio de Sanidad y directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat valenciana
Castellón
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón estima parcialmente el recurso presentado por la Unión de Consumidores de España (UCE), acusación particular en el caso que se sigue contra el presidente del PP y de la Diputación en Castellón, Carlos Fabra, por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, falsedad en documento, y fraude fiscal, al imputar a dos ex altos cargos en los gobiernos central y valenciano.
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La Audiencia Provincial de Castellón ordena en su auto, según fuentes del caso, al juzgado número 1 de Nules que investiga la causa, que cite a declarar como imputadas a Pilar Máñez, ex directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat valenciana, y subsecretaria de la Consellería de Bienestar Social del Gobierno del popular Francisco Camps hasta el pasado mes de junio, y a quien fuera directora general del Ministerio de Sanidad con José María Aznar, Dolores Flores, y que en la actualidad es directora general de la Familia, Infancia y Voluntariado en el Ayuntamiento de Madrid.
Los supuestos delitos imputados a las dos ex representantes de los gobiernos autonómico valenciano y central son los mismos que los atribuidos a Fabra, a excepción de la falsedad en documento y el fraude fiscal.
Según el recurso de la UCE, las dos participaron, desde la Generalitat valenciana y desde el Ministerio de Sanidad respectivamente, en la supuesta trama de legalización de fitosanitarios con los que el mandatario provincial y su entorno habrían obtenido cuantiosos ingresos. La UCE reclama que expliquen el contenido de las conversaciones y reuniones que, supuestamente, ambas mantuvieron con Fabra.
Según la declaración del empresario denunciante, Vicente Vilar, pagó millones al presidente del PP y de la Diputación de Castellón a cambio de sus gestiones ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para la aprobación de los fitosanitarios que Vilar fabricaba. Además, las entonces esposas de ambos, María Amparo Fernández y Montserrat Vives, obtuvieron ingresos multimillonarios con la comercialización de estos productos a través de la empresa Artemis 2000.
