La Fiscalía reitera que los abortos realizados en las clínicas de Barcelona son "indiscutiblemente ilegales"
Seis personas fueron detenidas ayer por la práctica de abortos, fuera de los casos permitidos por la ley, en cuatro clínicas de Barcelona
La Fiscalía de Cataluña ha subrayado hoy que la operación policial contra varias clínicas de la parte alta de Barcelona que practican abortos se fundamenta en indicios de casos "radical, rotunda e indiscutiblemente ilegales", de los que existirían además pruebas contundentes.
La operación, que se saldó ayer con la entrada y registro por parte de la Guardia Civil y la Guardia Urbana en cuatro clínicas y la detención de seis personas, continúa abierta a la espera de ver si el análisis de la documentación decomisada aporta datos que puedan provocar nuevos arrestos.
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Entre los detenidos de ayer, se encuentran los máximos responsables de las clínicas Ginemedez y TBC, situadas en la calle Dalmases; Emece, en la calle Anglí; y la Fundación Morín, en la Vía Augusta, el administrador principal de todas ellas y también arrestado es el doctor Carlos Morín.
Un portavoz de la Fiscalía ha asegurado que la operación no pretende "entrar en ningún debate ideológico", pese a que la investigación judicial se abrió en parte a raíz de la querella interpuesta hace algo más de un año por una organización cristiana, e-cristians.
"Nosotros no cuestionamos la ley del aborto ni discutimos el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo, lo que se plantea es la existencia de hechos claros que apuntan a supuestos que están radicalmente fuera de la ley", ha señalado.
No se descarta imputar a las mujeres que abortaron
Además de las personas detenidas, entre las que se encuentran profesionales de la sanidad que realizaban las intervenciones, la Fiscalía ha asegurado que "no se puede excluir" que se pueda imputar, en una segunda fase de la investigación, a las mujeres que se sometieron a abortos presuntamente ilegales.
El Código Penal contempla que el aborto fuera de los casos permitidos (riesgo para la salud física o psíquica de la madre, malformaciones graves o embarazo por violación) será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación para ejercer cualquier profesión sanitaria o para prestar servicios en clínicas y consultorios ginecológicos durante un tiempo de uno a seis años.
En relación con la mujer que se someta a un aborto fuera de los casos permitidos, este texto afirma que será castigada con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.
