La Fiscalía y Garzón piden información sobre la oficina de atención al ciudadano de Boadilla

Madrid

Novedades sobre el caso de corrupción que salpica a Administraciones gobernadas por el PP en Madrid y la Comunidad Valenciana. Según fuentes cercanas al caso, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Garzón han solicitado al Ayuntamiento de Boadilla, en Madrid, información sobre tres contratos, entre ellos, el expediente de la oficina de atención al ciudadano del municipio.

Adjudicación que se realizó por un periodo de 14 años a razón de medio millón de euros anuales a la empresa Easy Concept, vinculada a Isabel Jordán, una de las detenidas en esta operación. Jordán es, según fuentes municipales, la actual pareja de Enrique Galán Abad, abogado del alcalde de Boadilla. Un abogado muy marcado por la polémica. En los últimos años, la oposición ha presentado varios escritos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Madrid, pidiendo explicaciones de por qué el alcalde ha recurrido siempre a los servicios de este letrado en lugar de los muchos abogados que hay en plantilla en el consistorio, todos funcionarios, y por tanto sin coste alguno a los presupuestos.

Es más, según han confirmado estas mismas fuentes, la oposición se ha querellado ya por este asunto con el alcalde de Boadilla acusándole de malversación y prevaricación, escrito que han presentado ya ante el juzgado de instrucción número 1 de Móstoles.

Los funcionarios que acudieoron al ayuntamiento de Boadilla también solicitaron, según fuentes de la investigación los documentos sobre la adjudicación por 35 millones de euros de una parcela a la empresa UFC, que preside José Luis Uribarri.

El tercer expediente solicitado fue sobre unos locales de la empresa municipal del suelo adjudicados a una firma de Ramón Blanco, consejero de Orange Market, la marca de este conglomerado de empresas en Valencia.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Al menos 30 imputados

Cinco personas han sido detenidas en al operación policial, varias de ellas vinculadas al Partido Popular, por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La investigación judicial tiene ya cerca de 30 imputados, que prestarán declaración ante el juez Garzón a partir de la próxima semana, después de que lo hagan el lunes los cinco detenidos.

Municipios como Boadilla, Majadahonda o Paterna donde los agentes han solicitado los contratos y las adjudicaciones realizadas a este conglomerado de empresas. Se investigan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y fraude fiscal, además de operaciones inmobiliarias.

Comienzan a aflorar las primeras reacciones desde el partido. El diputado y miembro de la Ejecutiva del PP, José María Lasalle, ha asegurado en A vivir que son dos días que en estos casos es necesaria una acción contundente desde el partido. "Si hubiera tal vinculación y aparecieran nombres del PP que son cargos [...] estas personas serán yuguladas, en el sentido de que desaparecerán del partido", ha dicho Lasalle esta mañana en la Cadena SER.

Detenidos

Entre los detenidos figuran Francisco Correa, empresario vinculado al PP, su compañera sentimental María del Carmen Rodríguez Quijano y Pablo Crespo, ex alto cargo del PP gallego y administrador único de Special Events y Viajes Pasadena, dos de las empresas investigadas.

Special Events ha organizado numerosos actos para el Partido Popular, así como para administraciones gobernadas por el PP.