El Consejo General del Poder Judicial rechaza los ataques contra Garzón
Se aceptan las disculpas del vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, después de que éste dijera que si el juez Garzón no se inhibía éste estaría rozando la línea de la prevaricación
El juez de la Audiencia Baltasar Garzón ha encontrado indicios que implican a parlamentarios del PP en la investigación del 'caso Gürtel'. Por ello ha consultado a la Fiscalía Anticorrupción si debe trasladar el sumario íntegro al Tribunal Supremo. / VNEWS
Madrid
El Consejo General del Poder Judicial rechaza los ataques contra Garzón por su instrucción de la trama de supuesta corrupción que salpica al PP aunque ha decidido no tomar medidas contra su vicepresidente Fernando de Rosa que aseguró que el magistrado estaba al filo de la prevaricación.
El Pleno del CGPJ ha decidido ratificar el texto que la Comisión Permanente aprobó esta misma semana. Por lo tanto, se aceptan las disculpas del vicepresidente Fernando de Rosa que alegó las declaraciones contra el juez Garzón las realizó a título personal y no habrá reprobación para el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa.
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La declaración se refiere genéricamente al contenido de una entrevista televisiva en la que el vicepresidente del propio Consejo, Fernando De Rosa, dijo que Garzón podría "estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación", en el caso de no inhibirse de la investigación del caso Gürtel a pesar de haber encontrado indicios de que cargos aforados podrían tener responsabilidad penal.
El Pleno da por buenas las disculpas de Fernando de Rosa y ratifica el documento aprobado por la Comisión permanente sobre las declaraciones de su vicepresidente contra el juez Garzón. Sólo ha habido un voto en contra, el de Almudena Lastra, que anuncia un voto particular.
Además, el Consejo ha aprobado un informe muy crítico con la reforma del Código Penal que planea el Gobierno. El texto crítica el endurecimiento de las penas por delitos sexuales, la libertad vigilada por un período de hasta 20 años o la ampliación del plazo de prescripción de los delitos fiscales.
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