La trama corrupta de Correa se gestó gracias a su relación con el PP de Aznar

Madrid

El juez Baltasar Garzón se ha inhibido en el caso Correa a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por hallar indicios contra el alcalde de Pozuelo y de Arganda en Madrid, entre otros. También se ha inhibido en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el caso Gürtel por haber hallado indicios contra el presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el diputado de las Cortes valencianas Ricardo Costa, secretario general del PP de Valencia.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar de Garzón asegura que la organización dirigida por Francisco Correa "se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle Génova" en tiempos de Aznar a quienes entregaba dádivas de todo tipo regalos de lujo para obtener contratos. El magistrado asegura que la red de Correa buscó refugio en Valencia tras la salida de la dirección del PP de Aznar.

El juez sostiene que cargos del PP nacional convirtieron a la empresa de Correa Special Events "en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política".

Según Garzón, "para ganarse el favor de los responsables políticos entregaba dádivas de todo tipo desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos".

Garzón señala al ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, como el cerebro de la estrategia de ocultación de fondos vinculados a la trama y su relación con el PP.

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El alcalde de Pozuelo y Arganda, implicados

El juez Baltasar Garzón se ha inhibido también en el caso Correa en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al haber hallado indicios contra el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y los también diputados regionales Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, los tres del PP.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha decidido también ampliar las imputaciones en esta causa a otras seis personas del mismo partido: los alcaldes de las localidades madrileñas de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés López y Jesús Sepúlveda; Tomás Martín Moral, Clemente Aguado, José Galeote (ex concejal de Boadilla) y Ricardo Galeote (ex concejal de Estepona Málaga), padre y hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote.

Garzón, que seguirá investigando esta causa hasta que la acepten los TSJ de Madrid y Valencia, ha citado para el día 18 a estos seis imputados, que se unen a los 37 a los que ya ha tomado declaración -de los que sólo tres han ido a prisión (el presunto líder de la trama, Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo).

Financiaciones irregulares en Valencia

El juez Garzón desvela en el auto que el Partido Popular valenciano se financió ilegalmente. Así consta en el auto en el que el magistrado se inhibe del caso Gürtel en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia al considerar que podría haber indicios para imputar en la causa al presidente Francisco Camps y su número dos, el secretario general de los populares en Valencia, Ricardo Costa. Garzón imputa en la trama a otras dos personas: José Víctor Campos Guinot, ex secretario de organización del PP valenciano, y Rafael Betoret, director del gabinete de la Consejería de Turismo.

En la página 27 del auto, el juez Garzón desvela que el PP valenciano se financió irregularmente. En concreto, en tres partidas. En primer lugar, consta, dice el juez, una entrada de procedencia desconocida de 420.700 euros hacia el PP valenciano por adjudicaciones amañadas. Dinero que dice el juez, es de procedencia desconocida.

Aparece también un apunte de 15.000 euros procedendes de la caja b de Orange Market, una de las empresas investigadas. En tercer lugar, dice el juez que hay unos gastos de organización del décimo Congreso del PP en Valencia en el año 2002, que fue pagado en parte con dinero b, dinero negro, 150.000 euros que dice el magistrado estaban fuera de control fiscal y en efectivo.

En el auto también se desvela también cada una de las supuestas irregularidades cometidas en este caso por el presidente de la Comunidad Valenciana, Franscisco Camps. Se dice que fue destinatario, según las declaraciones de su sastre, de compras en 2008 por valor de unos 12.000 euros. Álvaro Pérez, uno de los implicados en este asunto, es según el juez, quien hace todas las gestiones. Y el propio sastre, José Tomás, recibió bastantes llamadas de Camps justo el día en que estaba declarando, algo que les contó la SER, y dijo que "Álvaro Pérez es un bocazas".

También el juez desvela cuáles son las supuestas implicaciones de Ricardo Costa, el otro aforado, diputado del PP y hermano de Juan Costa, miembro de la Ejecutiva del PP, que se hizo trajes a medida por un valor de 7.000 euros.