Garzón procesa a dos ex diputadas y otros tres dirigentes del PCTV por su integración en ETA

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha procesado por integración en ETA a la ex portavoz del grupo parlamentario del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) Nekane Erauskin, a la ex diputada Karmele Berasategi, al presidente de la formación ilegalizada, Juan Carlos Ramos, así como a los tesoreros, Jesús María Aguirre y Sonia Jacinto.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 considera "acreditado" que el PCTV constituye "una de las marcas que Batasuna utiliza en función del interés que convenga al complejo terrorista liderado por ETA".

Además, el magistrado, señala en el documento judicial que a partir de 2005 PCTV fue "instrumentalizado" por la Mesa Nacional de esta organización para "continuar la acción delictiva diseñada por ETA/EKIN/Batasuna a través del frente institucional de aquel complejo terrorista".

De igual modo, considera que tanto el PCTV como ANV fueron "fagocitadas" por Batasuna, "perdiendo el carácter autónomo que pudieron haber tenido en el marco de la denominada izquierda abertzale", por lo que pasaron a "desempeñar el papel que le correspondía a Batasuna cuando estaba liderando el denominado frente institucional de ETA".

Entre las pruebas que cita el juez en el auto de procesamiento, de 148 páginas, consta que los responsables de Batasuna "consiguieron, fundamentalmente a través de PCTV, disponer de 837.00 euros, con los que contribuyeron al sostenimiento del entramado político de la organización terrorista, gracias a la presencia en las instituciones democráticas".

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También, recuerda la existencia de al menos tres reuniones celebradas en las localidades de Salvatierra (Álava) y Elorrio (Vizcaya) entre los meses de junio y septiembre de 2007 en las que participaron numerosos dirigentes de Batasuna como Juan José Petricorena, Juan Cruz Aldasoro o Joseba Permarch.

"Mecanismos de seguridad"

Los encuentros se celebraron adoptando "mecanismos de seguridad", como la recogida de los participantes en puntos de encuentro aislados, en su mayoría aparcamientos de centros comerciales en horario nocturno, y su posterior traslado al lugar de la reunión en vehículos particulares.

Garzón, que asume de esta manera la petición de procesamiento que la Fiscalía le formuló el pasado 1 de julio, también ha tenido en cuenta la situación de "subordinación" del grupo parlamentario PCTV a las directrices impartidas por Batasuna, la contratación por parte del primer partido de miembros del segundo y el vaciado de cuentas del grupo en beneficio de Batasuna.

Destaca también la utilización de la sede del polígono Belartza de San Sebastián, para las actividades de la Mesa Nacional y "la integración de los recursos económicos y financieros de PCTV "en una gestión común con los de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Batasuna".

Según el auto de Garzón, los dirigentes del PCTV "han actuado plegándose a las directrices de los responsables de Batasuna/EKIN y, tutelados por estas tras la suspensión judicial de actividades, han llevado al punto de confundirse en la globalidad del conjunto y en cada uno de los actos en los que participaban.

En la misma línea

"Los responsables de PCTV también han actuado en la misma línea para desarrollar la estrategia de presión y coacción a los componentes de otras formaciones políticas a las que consideran culpables de su situación, mediante campañas de acoso a través de concentraciones, impresión y distribución de carteles y manifestaciones públicas, que, normalmente, fueron seguidas de actos violentos".

Asimismo, señala que los imputados "se han aliado con SEGI, Askatasuna y el denominado Movimiento Pro Amnistía, para participar en las acciones desarrolladas por estas organizaciones, y, han abordado la ejecución de campañas auspiciadas por ETA/Batasuna/EKIN/SEGI en contra del Tren de Alta Velocidad (...), complementando las acciones de violencia contra los bienes y los atentados contra la vida desplegados por ETA".

De esta forma, Garzón da continuidad a una instrucción que comenzó en febrero de 2007, cuando imputó a Ramos, Aguirre y Jacinto por un delito de colaboración con banda armada y otro de asociación ilícita. Erauskin y Berasategi disfrutaban en aquel momento de la condición de aforadas, que perdieron tras las elecciones al Parlamento Vasco de marzo pasado.