El TSJM confirma las fianzas millonarias de Guillermo Ortega y Tomás Martín Morales

Madrid

El juez Pedreira sostiene que las empresas de la órbita de Francisco Correa consiguieron "una situación próxima al monopolio" con Administraciones gobernadas por el Partido Popular. Gracias a las relaciones personales que entablaron, acapararon la mayor parte de los contratos públicos. Entre esas administraciones estaban los Ayuntamientos madrileños de Majadahonda y Boadilla.

El magistrado recuerda que Francisco Correa aprovechó los años del boom inmobiliario para hacer negocio en estos municipios, acordando "una comisión a repartir entre todos los participantes en la operación, es decir, los responsables políticos y él mismo"

La organización, añade, "ofrece su propia estructura de blanqueo al servicio de los responsables políticos para que pongan el dinero de las comisiones fuera de España a nombre de una sociedad de la que ellos son sus verdaderos dueños"

No sólo eso, sino que la trama también adoptaba "tácticas propias de las organizaciones criminales", tal y como ocurrió cuando filmaron en vídeo al alcalde Boadilla, Arturo González Panero, y a otro concejal repartiéndose el dinero de una comisión por la adjudicación de un contrato.

Con estos argumentos, Antonio Pedreira, justifica las elevadas fianzas impuestas al ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega y al ex consejero del suelo de Boadilla Tomás Martín Morales, cuya mujer sigue siendo concejal de este municipio. Sobre Ortega, dice además, que contó con una red societaria opaca en paraísos fiscales que le facilitó el abogado Luis de Miguel, otro de los imputados. Y sobre Martín Morales, explica que desde el año 2000 ha venido ocupando cargos públicos desde los que ha contratado con las empresas de la trama.

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