Carlos Fabra defraudó a Hacienda casi un millón de euros en seis años según los peritos
El informe encargado hace ya seis años por el juez concluye que el matrimonio Fabra no puede justificar el origen de 3.713.796 euros
Madrid
Un informe pericial elaborado por los inspectores a instancias del juzgado que investiga al presidente del PP y de la Diputación de Castellón revela que Carlos Fabra y su ex mujer, María Amparo Fernández, obtuvieron entre 1999 y 2004 "ganancias patrimoniales no justificables" por 3.713.796 euros. Fabra habría cometido cinco delitos fiscales y dejó de ingresar una cuota de 980.935,37 euros en el periodo investigado. Su ex mujer habría cometido cuatro delitos fiscales. Hasta ahora sólo estaba imputado por un presunto delito fiscal.
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Durante los 6 años investigados, según los expertos, Carlos Fabra y María Amparo Fernández ingresaron 8.347.066, 64 euros en sus cuentas en efectivo, cheques o transferencias bancarias. Los inspectores de Hacienda, quienes sostienen que han utilizado un criterio "conservador" en su informe, discriminan diversas cantidades, los ingresos de sus cuatro hijos y otros conceptos, y concluyen que en el periodo investigado, Carlos Fabra y María Amparo Fernández obtuvieron "ganancias patrimoniales no justificables" de 2.087.572,66 euros y 1.626.224,14 euros respectivamente.
Las cuotas a Hacienda que ambos cónyuges tendrían que haber satisfecho en seis años se elevan a 980.935,37 euros en el caso de Fabra, de los que 886.475, 8 corresponderían a delito y el resto a sanción administrativa, y de 758.409,78 por María Amparo Fernández, de los que 586.372,08 serían delito para los investigadores.
Los peritos afirman en sus conclusiones que Carlos Fabra y María Amparo Fernández disponen de bienes e ingresos en efectivo en sus cuentas "cuya tenencia en modo alguno se corresponde con la renta y patrimonio declarado".
Fajos de billetes de 100, 200 y 500 euros
En su informe, los expertos de Hacienda descalifican las explicaciones de Carlos Fabra sobre sus cuantiosos ingresos. Afirman que Fabra incurrió en "abierta contradicción" cuando aseguró que extraía dinero de los cajeros automáticos y los ingresaba en otras cuentas para explicar sus numerosos movimientos bancarios. Los peritos recuerdan que los cajeros expenden como máximo billetes de 50 euros y "la mayoría de billetes" ingresados por Carlos Fabra "son de 100, 200 y 500 euros". De hecho, los inspectores aportan varios justificantes sobre las imposiciones en efectivo en las cuentas de Fabra. Por ejemplo, un ingreso de 40.000 euros repartidos "en un fajo" de cien "billetes de 200 euros" y "dos fajos de 100" o dos fajos de 21 billetes de 500 euros cada uno para ingresar en poco más de una semana 21.000 euros. Los inspectores desconocen quién es el autor de la mayoría de ingresos en metálico o en cheques bancarios.
Argumento "absurdo"
Los expertos también creen "absurdo y artificioso" el argumento utilizado por el presidente del PP en Castellón de que tenía que mantener un "nivel de efectivo elevado" en sus cuentas para amortizar sus numerosos préstamos. Los peritos recuerdan que "sólo era necesario no hacer reintegros" en sus cuentas que además, casi siempre tuvieron un saldo negativo.
Renta a devolver
En el periodo investigado, de 1999 a 2004, todos los años la declaración de la renta le salió a Fabra a devolver, cuando en ese mismo periodo tenía que haber ingresado una cuota de casi un millón de euros. A María Amparo Fernández le salió a devolver en 99 y 2000 y en los dos años incurrió en delito.
El informe pericial que hoy se conoce fue ordenado por la Audiencia Provincial de Castellón en 2006 al juzgado de Nules que investiga el caso porque según los magistrados "no resulta infrecuente ocultar el lucro obtenido en la esfera familiar". Los peritos de Hacienda afirman que han tardado tanto en realizar este estudio porque algunas entidades bancarias no han facilitado toda la información sobre las cuentas, préstamos o cheques ingresados por Fabra.
Carlos Fabra está imputado desde 2004 en el juzgado número 1 de Nules por supuestos delitos contra la Administración Pública, y desde 2005 por delito fiscal. La Cadena SER desveló el caso en la Navidad de 2003 después de que un empresario de Castellón acusara en Hora 25 a Fabra de cobrarle comisiones millonarias a cambio de su mediación ante los ministerios de Agricultura y Sanidad de Aznar para la aprobación de las licencias de productos fitosanitarios que fabricaba.
