Sociedad
Caso Fabra

Las claves para entender el 'caso Fabra'

La Audiencia Provincial de Castellón ha ordenado el sobreseimiento libre de parte de la acusación del caso Fabra. Considera que han prescrito cuatro de los cinco delitos fiscales imputados al presidente del PP y de la Diputación en Castellón. Anticorrupción y la acusación popular recurrirán la decisión.

Castellón

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, que preside Eloísa Gómez, no discute la comisión de los supuestos delitos imputados al presidente del PP y de la Diputación de Castellón, pero ha ordenado el sobreseimiento libre de cuatro de los cinco delitos fiscales, en los que Fabra habría defraudado al fisco una cuota de un millón de euros.

La Audiencia entiende que estos cuatro delitos, entre 2000 y 2003, habrían prescrito, y considera "sorprendente" que nadie presentara una denuncia o ampliación de querella para impedir esta situación.

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La Audiencia también interpreta en su fundamentación jurídica que Fabra no debe ser juzgado por cohecho, porque el mandatario provincial no habría recibido las supuestas dádivas en el ejercicio de sus funciones. Aunque establece dudas sobre si se le debe investigar por este tipo delictivo, ya que no lo rechaza abiertamente en su parte dispositiva.

El auto de La Audiencia tumba así la mayor parte de la carga de prueba contra el mandatario provincial. La fiscalía Anticorrupción, que sobre todo basaba su petición de 15 años de cárcel en los cinco delitos fiscales, ha anunciado que recurrirá en casación ante el Supremo. Al igual que José Luis Vera, abogado de la Unión de Consumidores de España, acusación popular en el caso. Vera rechaza el argumento de la prescripción esgrimido por la Audiencia. Dice que cuando se presenta una denuncia, como en este caso para el delito fiscal de 1999, no cabe la prescripción para las investigaciones posteriores.

¿Qué causas quedan en el 'caso Fabra'?

La Audiencia deja claro que el caso debe continuar, es decir, que debe celebrarse el juicio contra el presidente del PP y de la Diputación de Castellón. Y aunque ha adelgazado la causa, quedan delitos importantes:

- Carlos Fabra sigue acusado de un delito fiscal, supuestamente cometido en 1999, año en el que defraudó a la Agencia Tributaria 253.000 euros, según los peritos de Hacienda. Tanto en 1999, como en los años sucesivos, la declaración de la renta le salió a devolver.

- Además, la Audiencia provincia dice que continúe la investigación por tráfico de influencias y los "supuestos pagos y cobros recibidos" a cambio de sus gestiones para legalizar los fitosanitarios del empresario Vicente Vilar.

Las reacciones del PP

El secretario general del Partido Popular en la Comunitat valenciana, Antonio Clemente, ha mostrado su satisfacción por el fallo judicial y ha exigido al PSOE que pida perdón a Carlos Fabra.

Antonio Clemente se ha referido al fallo de la Audiencia Provincial de Castellón en su comparecencia ante los medios de comunicación junto a Alberto Fabra en Valencia, para hacer balance del PP en 2010.El secretario general del PP en la Comunitat valenciana ha celebrado la resolución judicial, y ha reclamado al PSOE que pida perdón a Fabra porque, según dice, sus ataques le han hecho daño en lo político, en lo personal, y posiblemente también en su salud.

Por su parte, la secretaria provincial, Marisol Linares, se ha pronunciado en términos similares. Muestra su "satisfacción pcon el sobreseimiento de los delitos contra la Hacienda Pública"y añade que "una vez más, la justicia ha dado la razón al líder provincial que, según dice, más ha trabajado por la provincia de Castellón".

Las reacciones del PSPV

El partido socialista destaca en un comunicado que la investigación continúa, y censura que Fabra utilizara el argumento de la prescripción para evitar ser juzgado por sus delitos fiscales.

Los socialistas aseguran en un comunicado que el auto de la Audiencia Provincial de Castellón mantiene para Carlos Fabra la imputación por los delitos más graves a los que puede enfrentarse un cargo público, como son el fraude fiscal, el tráfico de influencias y el cohecho.

Los socialistas lamentan que Fabra sólo argumentara la prescripción para no ser juzgado por los delitos fiscales supuestamente cometidos entre los años 2000 y 2003, lo que en ningún caso, apuntan, conlleva que no los haya cometido.

Los socialistas resaltan que el auto en ningún momento cuestiona la información de los informes de Hacienda, según los cuales Carlos Fabra ocultó al fisco 3.7 millones en los cinco años investigados, y defraudó una cuota de 1 millón. En su comunicado, el PSPV critica que Fabra todavía no haya explicado el origen de este dinero, y por ello, siguen pidiendo su dimisión.

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