La reforma de la negociación colectiva del Gobierno se inclina del lado de los sindicatos

El texto que ha preparado el gobierno para reformar la negociación colectiva, después de que la semana pasada se rompiera el diálogo sobre esta materia entre sindicatos y empresarios, se escora claramente hacia el lado sindical. El borrador del decreto, al que ha tenido acceso la SER, mantiene la vigencia de lo dispuesto en los convenios una vez que expira su duración; es decir, mantiene la ultraactividad, tal y como querían las centrales.

El texto del borrador dice así "En defecto de pacto, cuando hubiera transcurrido el plazo máximo de negociación sin alcanzarse un acuerdo y las partes del convenio no se hubieran sometido a los procedimientos a los que se refiere el párrafo anterior [de mediación y arbitraje] o éstos no hubieran solucionado la discrepancia, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo".

La última propuesta de la CEOE en la mesa de negociación planteaba que, una vez vencido el convenio, sus contenidos desapareciesen pasados seis meses. Una propuesta que habían señalado tanto sindicatos como gobierno como una de las claves por las que naufragó la negociación.

Flexibilidad interna

El borrador, también de acuerdo con las posiciones mantenidas por UGT y CCOO durante la negociación, da también mucha importancia al papel de la comisión paritaria de los convenios. Estos órganos, formados por representantes de los empresarios y de los trabajadores, jugarán un papel en todos los procedimientos de flexibilidad interna (cambios en los salarios, en los horarios, en las funciones...), mientras que la CEOE quería que el empresario tuviese siempre la última palabra.

Para empezar, las comisiones partirarias "deberán intervenir" en los supuestos de "conflicto colectivo relativo a la aplicación e interpretación de los convenios". Intervendrán antes de que se recurra a otras formas de mediación no judicial, y sus resoluciones "tendrán la misma eficacia jurídica y tramitación que los convenios".

En el caso de modificación de condiciones de trabajo, o del llamado descuelgue salarial (cuando el empresario decide inaplicar lo pactado en convenio en materia de salarios porque la situación de la empresa es mala) la comisión paritaria intervendrá en caso de desacuerdo entre empresarios y trabajadores. "Dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse", y si no alcanza acuerdo se recurrirá al resto de procedimientos de mediación.

Más papel para los convenios de empresa

Pero no todo lo dispuesto por el gobierno se inclina más hacia el lado de los sindicatos. También se da más papel a los convenios de empresa, una revindicación tradicional de CEOE. Entre otras novedades, se estipula en el texto que el convenio de empresa tendrá "prioridad aplicativa" respecto al convenio sectorial en materias como "la cuantía del salario base y de los complementos salariales" o "el horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones".

Por lo demás, se impulsan los procedimientos de mediación y arbitraje, se estipula la creación de un Consejo de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva con funciones de consulta y asesoramiento y se instituyen mecanismos de seguimiento de la negociación colectiva.

En ningún momento el decreto hace referencia a lo pactado por empresarios y sindicatos sobre mutuas y absentismo. Un nuevo guiño a los sindicatos por parte del gobierno, porque CEOE quería que esos pactos parciales se incluyesen en la reforma mientras que UGT y CCOO rechazaban su inclusión si no había acuerdo global en negociación colectiva.

La intención del gobierno es aprobar la reforma el día 10 de junio como decreto, al que luego se le daría tramitación parlamentaria. Ya han comenzado los contactos entre el PSOE y los grupos parlamentarios de la oposición.