Domingo, 02 de Octubre de 2022

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Internet se moviliza de nuevo contra la ley Sinde

Los internautas se han movilizado apoyando el manifiesto ''Un Gobierno en funciones no puede aprobar la Ley Sinde'' y posteriormente han celebrado que la ley no haya salido adelante

Comentarios de los usuarios de Twitter ante la posible aprobación de la Ley Sinde

Comentarios de los usuarios de Twitter ante la posible aprobación de la Ley Sinde

La ley Sinde ha vuelto a revolucionar Internet. Periodistas, blogueros, usuarios, profesionales y creadores de Internet han vuelto a manifestar su rechazo a la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible (LES).

Al igual que con el manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet del pasado 2 de diciembre de 2009, el manifiesto ''Un Gobierno en funciones no puede aprobar la Ley Sinde'', la Red ha mostrado su firme oposición a esta norma que finalmente no ha salido adelante en el Consejo de Ministros de este viernes a pesar de haber estado incluida en el orden del día.

El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, había confirmado esta mañana en una entrevista en ABC Punto Radio que el Consejo de Ministros de este viernes llevaba "en el orden del día" abordar, con el "acuerdo" del PP, el decreto que desarrolla la Ley Sinde. Por este motivo, los usuarios se han movilizado a través de plataformas como Twitter y en toda la Red apoyando el manifiesto ''Un Gobierno en funciones no puede aprobar la Ley Sinde''.

Según el manifiesto, se trata de "una norma que incluye modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet".

El manifiesto consta de 10 puntos en los que se pide, entre otros temas, que "los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos" y que su suspensión "debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial".

"Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web", asegura uno de los puntos.

Además, consideran que "no es de recibo que un Gobierno en funciones adopte esta decisión en su último Consejo de Ministros". El manifiesto ha sido compartido a través de Twitter y desde blogs y páginas web tanto por la Asociación de Internautas como por blogueros y periodistas.

Apoyo del PP

La disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, popularmente conocida como Ley Sinde, fue aprobada en el Congreso el pasado mes de marzo, quedando pendiente de regulación. Esta ley se envió al Consejo de Estado a finales de octubre y a partir de ese momento ya podía ser aprobada por Real Decreto en el Consejo de Ministros. La Ley Sinde autoriza el cierre de páginas web que enlazan contenidos protegidos por derechos de autor.

El pasado viernes Jáuregui confirmaba que esta disposición final segunda no entraba en la agenda del Consejo de Ministros. Una semana más tarde, ha reconocido que se incluye en la agenda del Consejo y que el PP ha sido informado de este nuevo paso en la aprobación de la Ley Sinde, mostrándose "absolutamente" de acuerdo.

Reacciones

Finalmente la ley no ha salido adelante según ha anunciado José Blanco en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aunque el número 2 del PSOE no ha querido dar muchas explicaciones a pesar de la insistencia de los periodistas que cubrían la rueda de prensa. La Red ha respondido rápidamente ante la noticia celebrando el revés a una de las leyes más polémicas de la legislatura.

Manifiesto ''Un Gobierno en funciones no puede aprobar la Ley Sinde'

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Ramón Jáuregui confirma en Punto Radio que la polémica ley Sinde "va en el orden del día" del Consejo de Ministros de este este viernes

Soraya S. de Santamaría, sobre la ley Sinde: "Hemos permitido al Gobierno que sacaran la ley adelante"

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