"No nos reuníamos para blanquear dinero"

Ignacio Peláez ha declarado como testigo en el juicio que se sigue contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Peláez se ha presentado como víctima al haberse escuchado sus conversaciones en prisión con los jefes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, a pesar de que nunca ha sido su representante legal ni ha podido acreditar que acudiera a prisión en calidad de letrado. Los abogados, ha dicho, no nos reuníamos para blanquear dinero sino para defender los intereses de nuestros clientes.

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Ignacio Peláez, el abogado que presentó la querella contra Baltasar Garzón y que dio origen al procedimiento que sienta en el banquillo al juez de la Audiencia Nacional, ha sido el primero de los seis testigos propuestos que deben declarar este miércoles ante el Tribunal Supremo.

Peláez se ha presentado como víctima del delito de prevaricación y contra las garantías constitucionales por el que se acusa a Garzón. A preguntas del letrado de la defensa, Francisco Baena Bocanegra, no ha podido acreditar que acudiera al locutorio de la cárcel a reunirse con los jefes de la trama Gürtel en calidad de abogado. No obstante, ha explicado que la intervención de esas comunicaciones supone "un quebrantamiento del derecho a la intimidad porque pensaba que estábamos en un Estado de Derecho".

Durante su interrogatorio, el testigo ha explicado que en las conversaciones que mantuvo con los reclusos habló de los encuentros que mantenía con otros letrados de la trama Gürtel pero que el objetivo último no era el de "blanquear dinero" sino el de coordinarse "para defender los intereses de sus clientes".

Ignacio Peláez ha asegurado que esas escuchas en prisión se utilizaron en los interrogatorios que se efectuaron a su cliente, el empresario José Luis Ulibarri, cuando la causa ya estaba en el Tribunal de Justicia de Madrid. En este sentido, ha subrayado la "sagacidad" de las fiscales del caso Gürtel en sus interrogatorios que solo podían obedecer a que tuvieran conocimiento de unas conversaciones que ellos consideraban que no estaban siendo intervenidas. La policía, el fiscal y el juez instructor "conocían todos nuestros movimientos y las reuniones que manteníamos", ha concluido Peláez.

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La acusación piden para Garzón penas de multa e inhabilitación especial de 10 a 17 años por un delito continuado de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. En la primera sesión, la del martes, Garzón defendió que los abogados de los principales encausados "formaban parte del núcleo de la organización criminal".