Garzón decide responder a las preguntas de la acusación durante su juicio en el Supremo

Madrid

Arranca el primer juicio contra Baltasar Garzón. Los presuntos cabecillas de la trama Gürtel a los que investigó sientan en el banquillo al juez de la Audiencia Nacional acusado de un delito de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales. Se enfrenta a una pena de entre diez y diecisiete años de inhabilitación. El presidente de la sala, Joaquín Giménez, ha aceptado parcialmente la audición a puerta cerrada de las conversaciones intervenidas en prisión a los cabecillas de la red con sus abogados. En respuesta a la acusación, ha apuntado a los abogados de la trama como claves "para blanquear el dinero".

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El primero de los juicios por las tres causas que tiene pendientes Garzón en el Tribunal Supremo ha cubierto ya la fase de las cuestiones previas. La defensa de Baltasar Garzón, el abogado Francisco Baena Bocanegra, ha reiterado la recusación a dos de los magistrados que forman parte del tribunal, Manuel Marchena y Luciano Varela. El primero investiga la causa por los cursos impartidos en la universidad de Nueva York y el segundo fue el instructor del sumario abierto por los crímenes del Franquismo.

El letrado ha alegado además indefensión porque se han rechazado todas las pruebas solicitadas por su cliente en la fase de instrucción, las ha vuelto a reiterar y ha pedido la audición durante el juicio de las conversaciones intervenidas en prisión a los presuntos cabecillas de la red Gurtel con sus abogados. Bocanegra considera una "discriminación absoluta" la causa abierta contra su cliente porque no hay precedentes de que se haya deducido testimonio contra un juez al que se le hayan anulado unas escuchas.

El Tribunal, tras un primer receso del juicio, sólo ha aceptado dos de las cuestiones previas planteadas por la defensa de Garzón. La primera, la declaración de uno de sus funcionarios en las Audiencia Nacional y la segunda, la audición a puerta cerrada de las conversaciones "que no afecten al derecho de defensa y que por lo tanto hayan sido anuladas".

Las acusaciones, previamente, se habían opuesto a todas las peticiones. El abogado de Francisco Correa, José Antonio Choclán, ha calificado de "ilegales" esas conversaciones intervenidas. Ignacio Peláez, el abogado que presentó la primera querella, ha subrayado que Garzón "ordenó que se grabaran las comunicaciones de forma indiscriminada y genérica". El apoyo del fiscal a la petición de que se escucharan las cintas ha resultado decisivo para que el tribunal aceptara la propuesta.

Ha respondido a la acusación

El entorno del magistrado ha convencido a Garzón en el último momento para que responda a las preguntas de la acusación para no desairar al tribunal. El magistrado asegura que "en ningún momento se dijo que se intervengan a los letrados, se dice a los internos en las comunicaciones que tengan con otras personas y siempre prpotegiendo el derecho de defensa". De hecho, ordenó el expurgo de las conversaciones que afectaran a este derecho fundamental, sin embargo, este proceso quedó paralizado cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reclamó la competencia de la causa.

Garzón ha afirmado que se intervinieron las comunicaciones para evitar las mecánicas de apoderación, evasión y recuperación del dinero por la red. "El ministerio fiscal no sólo no cuestionó las medidas sino que las apoyó", ha subrayado. También ha apuntado que los abogados de la 'trama Gürtel' jugaban un papel básico para el blanqueo de dinero, y ha reiterado que "el personalismo de Correa y Crespo a la hora de tomar decisiones hacía necesaria la intervención de las comunicaciones".

Arropado por los suyos

Jueces y fiscales de la Audiencia Nacional han querido acompañar a Garzón en la primera sesión del juicio. Santiago Pedraz, Fernando Andreu o Dolores Delgado, fiscal antiterrorista y amiga personal del juez. La gran afluencia de público en la sala ha obligado al presidente del tribunal, Joaquín Giménez, a arrancar la vista oral advirtiendo de que quedaban prohibidas todas las muestras de aprobación y desaprobación por parte de todos los presentes durante el juicio. Minutos antes, Garzón entraba en la sala, aplaudido por los suyos.

Pena de inhabilitación

Baltasar Garzón se enfrenta hasta a 17 años de inhabilitación acusado de ordenar la grabación de las conversaciones que los cabecillas de la trama de corrupción Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, mantuvieron en la cárcel de Soto del Real con sus letrados desde el 19 de febrero de 2009.