Las asociaciones de jueces y fiscales, divididas ante la huelga general del 29-M

Las progresistas avalan las motivaciones de los trabajadores de la administración judicial para sumarse a la huelga. Por otro lado, las asociaciones conservadoras se descuelgan de la convocatoria. Ambas reconocen que la reforma laboral tendrá consecuencias más o menos graves en la judicatura. Ni jueces, ni fiscales pueden hacer huelga, aun así, varias asociaciones respaldan y apoyan a los trabajadores que quieran hacerla.

ASOCIACION PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA, presidente Pablo Llanera.

1. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) no va a participar en una huelga que entraría en la discusión permanente sobre si los jueces tienen o no derecho a hacerla.

2. La convocatoria necesariamente va a afectar al funcionamiento de la Justicia en la medida en que se van a poder ver perjudicados el desarrollo de innumerables miles de juicios que tendrán lugar en España mañana.

3. La reforma laboral es difícil de pronosticar qué consecuencias va a tener dentro del mundo de la Justicia y en el desarrollo de la actividad de los juzgados de lo social. En todo caso, existen en la ley dos elementos que pueden suponer un aumento de la litigiosidad: las modificaciones de las condiciones de trabajo por parte del empresario van a poder suscitar que numerosos trabajadores afectados acudan a los tribunales para solventar la resolución de su derecho. Y la cuestión relativa a los ERE que antes sometidos a una autorización administrativa y que ahora tendrán que ser revisados en la medida en que sean impugnados por parte de los jugados de los social. Además, podrían disminuir los recursos por despidos individuales por razones económicas al estar revisados en la ley.

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JUECES PARA LA DEMOCRACIA, portavoz José Luis Armengol

1. Hemos hecho público un comunicado de apoyo a la huelga, no convocamos, pero manifestamos nuestro apoyo a quienes lo hacen. Como asociación hemos comunicado a aquellos compañeros que quieran ejercer el derecho de huelga que pueden hacerlo y tendrán el respaldo de la asociación si ejercen ese derecho. Como hay problemas estatutarios, porque ni la ley orgánica ni el reglamento de la carrera judicial contemplan el ejercicio de derecho de huelga por los jueces, nosotros entendemos que esa falta de previsión legal ni impide entender que tenemos ese derecho, porque al tratarse de un derecho fundamental tendría que haber una previsión de exclusión de ese derecho, como pasa por ejemplo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o con las Fuerzas Armadas, pues creemos que los jueces si podemos ejercer el derecho de huelga. Y en esta situación lo que hemos hecho es un formulario de comunicación para que aquellos compañeros que quieran ejercer ese derecho a huelga den traslado del mismo tanto al Consejo General del Poder Judicial como a la Sala de Gobierno para poner de manifiesto que ese día pues no acudirán a los juzgados.

2. Supongo que habrá un elevado índice de suspensiones de los juicios, no ya tanto por el hecho de que no haya jueces que no acudan al centro de trabajo, sino porque habrá muchos funcionarios que ejerciten el derecho de huelga y los particulares que tengan señalamientos ese día no puedan asistir, bien porque ellos estén en huelga bien porque encuentren problemas para el desplazamiento.

3. Desde el punto de vista de la administración de Justicia, y como afectará también a la función pública, parece que en las medidas que se vayan a adoptar si hay justificación para ejercer el derecho de huelga. Como ciudadanos con una visión progresista de la realidad social entendemos que esta reforma no es aceptable porque altera las bases de la convivencia, las reglas de juego que derivan de la propia Constitución. Desde el punto de vista de la ciudadanía, como ciudadanos que somos siendo jueces, también ejercemos derechos como particulares. Desde el punto de vista de la administración de Justicia, también entendemos que todas estas reformas pueden repercutir negativamente en el ámbito estatutario de la función pública, sobre todo de los funcionarios que desempeñan el trabajo en las oficinas judiciales.

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES, presidenta y portavoz María Moretó

1. Como asociación no convocamos porque el derecho de huelga es individual. Lo que si hacemos es comprender, apoyar y respaldar la huelga de los trabajadores, mostramos nuestra solidaridad con ellos y animamos a nuestros asociados a que la hagan.

2. No se sabrá hasta mañana porque no sabemos si se va a seguir o no. De primeras un perjuicio importante no creo que cause. Lo que son juicios que son con causas con presos y asuntos urgentes no se van a desatender.

3. La encontramos totalmente justificada la reforma laboral establece unas medidas que afectan a los derechos de los trabajadores y suprime derechos básicos como la negociación colectiva. La reforma laboral a nosotros en concreto, a los funcionarios, no nos afecta porque nuestro empresario es el Ministerio de Justicia y tenemos un régimen especial, De todas maneras, ya nos ha afectado porque nos rebajaron el sueldo mediante decreto y ahora nos han subido el IRPF. Nosotros realmente no tenemos convenio colectivo, por lo tanto, como trabajadores directamente no nos afecta, pero si que nos solidarizamos con los demás.

ASOCIACIÓN DE FISCALES, presidente y portavoz Antonio Roma

1. La Asociación de Fiscales no ha secundado ninguna huelga, ni generales ni corporativas, hasta el momento y esta no va a ser una excepción. La nuestra es una asociación corporativa que ha centrado toda su atención en intereses corporativos.

2. En el momento actual no sabemos los datos de seguimiento, por lo tanto no quiero anticipar acontecimientos. Es cierto que la Justicia lleva un retraso, si se acumula más tendremos que trabajar para recuperarlo a continuación.

3. A la Justicia no le afecta la reforma laboral en sí misma. Efectivamente, se produce un nuevo marco laboral que tendrá que ser tratado por la jurisdicción laboral, pero no afecta al funcionamiento sino al contenido de las resoluciones que en el futuro puedan ir llegando.

SINDICATO DE SECRETARIOS JUDICIALES, presidente Rafael de la Fuente

1. El sindicato se ha adherido por decisión de la comisión ejecutiva a la convocatoria de huelga de los sindicatos generales.

2. Desconocemos los funcionarios que secundarán la huelga. En todo caso creemos que las huelgas no persiguen causar un perjuicio, persiguen cambiar una ley. Es cierto que esta huelga general, entre comillas, no afecta directamente a los funcionarios públicos, pero nos afecta a todos los ciudadanos. Es una regulación que afecta al derecho del trabajo, a los que los funcionarios no estamos sometidos, pero evidentemente modifica de una forma brutal la relación de trabajo que entendemos es necesario secundar. Además es que después de esta modificación del derecho de trabajo vendrá seguramente una nueva reducción salarial o una nueva modificación también en este caso de las relaciones laborales y económicas de los funcionarios públicos. Pero no se hace con intención de perjudicar ni molestar a los ciudadanos. En este caso, la administración de justicia. Los secretarios judiciales que secundemos la huelga no lo hacemos con ese ánimo.

3. La huelga la hacemos porque consideramos que se ha truncado el derecho del trabajo. Creemos que ha habido una ley que viene a cambiar el derecho laboral conocido hasta el momento. Que además, en ese decreto se habla de introducir una serie de circunstancias como es la eliminación de los horarios de tramitación, cuya introducción se manifiesta que es por el mal funcionamiento de la administración de la justicia. Lo que necesitamos es una mejor administración de la justicia y para cambiar esta circunstancia no compartimos que sea necesaria su tramitación sino que se dote del sistema, de los mecanismos adecuados a la justicia. Y esto es una modernización de la justicia que ya se ha llevado a cabo durante las pasadas legislaturas y esperamos no se frene. Tampoco nos parece de recibo la supresión de la intervención administrativa en la autorización de los despidos colectivos, fundamentalmente porque la administración hacía un papel de mediador entre los trabajadores y empresarios. Y no entendemos que justo cuando la reciente ley reguladora de la jurisdicción social viene a incentivar medidas como la mediación, el arbitraje o conciliación, se elimine esta herramienta. Hay que buscar el consenso entre empresarios y representantes de los trabajadores para buscar soluciones que generen trabajo, y ese trabajo no sea degradado, sino consensuar políticas sociales y legislativas.