El ministerio público contesta así a la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que instruye esta causa, en la que hay 27 imputados y que preguntó a las partes si consideraban que había indicios suficientes de delito como para imputar a Rafael Blasco. La Fiscalía estima que el exconsejero y todavía portavoz popular en les Corts, Rafael Blasco, debe ser imputado en la causa que investiga el supuesto desvío parcial de las cantidades que se concedían a determinadas ONG a través de las subvenciones. La mecánica de desvío del dinero obtenido de la administración a través de subvenciones ha sido, supuestamente, hinchar facturas que justificaban el dinero concedido. Si finalmente Rafael Blasco es imputado, la causa pasaría a tramitarse en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que es el competente para instruir causas de aforados. De echo, el juzgado ya ha pedido a Les Corts Valencianes que certifiquen y acrediten la condición de diputado autonómico de Blasco, que la semana pasada renunció «temporalmente» a las «responsabilidades y funciones del cargo» de portavoz del PP del Parlamento autonómico. En total, Fiscalía estima que existen «fundados indicios de la participación» en los hechos investigados y la posible comisión por parte de Rafael Blasco de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, fraude en las subvenciones y malversación de caudales públicos. Además de Blasco, seis de los imputados ocupaban cargos de la Administración autonómica en el momento de su detención o declaración ante la juez. Entre ellos, el exdirector general de Cooperación de la Generalitat, Josep Maria Felip, y el exsubsecretario de la Conselleria de Sanidad, Alexandre Catalá. También formaba parte del Gobierno de la Generalitat la exjefa del Servicio de Gestión de Programas de Cooperación de la Conselleria de Solidaridad, Dolores Escandell, detenida y puesta en libertad, y el exjefe de área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad Marc Llinares.