El BOE publica los 417 medicamentos que Sanidad dejará de pagar desde septiembre

Ya se conocen los medicamentos que, a partir del 1 de septiembre, dejarán de ser financiados por la Seguridad Social. La lista de 417 fármacos, publicada en el BOE, corresponde a síntomas menores, aunque 97 de ellos mantendrán la financiación por tratar enfermedades graves.

Desde el 1 de septiembre los pacientes tendrán que abonar el precio íntegro de ciertos medicamentos, indicados en su mayoría para dolencias como irritación de piel, tos, diarrea o estreñimiento. Con esta medida, el Ministerio de Sanidad pretende recaudar más de 450 millones de euros.

La lista, que se revisará de forma periódica, incluye medicamentos tan populares como Almax, Fortasec o Emportal, para problemas estomacales, pomadas para dolores de artritis, como Fastum o Calmatel, y otras para las inflamaciones, como Zenavan.

Jarabes para la tos como Mucosan, Pectox o fármacos para la rinitis, como Rinomax, también están incluidos en la lista de los que perderán la financiación de la Seguridad Social.

No obstante, existen excepciones. Algunos subgrupos de medicamentos concretos continuarán financiándose con dinero público. Los pacientes que padezcan enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis, encefalopatía portosistémica y paraplejia, pacientes oncológicos y claudicación intermitente seguirán contando con esta prestación.

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El polémico 'medicamentazo'

Sanidad ha subrayado que España se mantiene como uno de los países europeos con más fármacos financiados y que, junto con Francia e Italia, es el único que supera los 18.000 medicamentos con cargo a fondos públicos.

Andalucía, País Vasco y, en menor medida, Cataluña criticaron que Sanidad les informara a última hora sobre esta propuesta, mientras que las comunidades autónomas del PP respaldaron esta medida porque supondrá un ahorro importante.

Los socialistas consideran que medidas como el copago sanitario y el 'medicamentazo' no conseguirá los ahorros previstos y supondrán más recortes.

Varias organizaciones sanitarias y sindicatos consideran que esta medida afecta siempre "a los sectores más desfavorecidos" y "continúa un proceso de desmantelamiento de la sanidad pública".