El Gobierno exigirá inversión mínima de 100.000 euros a quien compre preferentes

El Gobierno impondrá el viernes duras restricciones a la venta de preferentes a particulares, a los que a partir de ahora se les exigirá su consentimiento de puño y letra y, en algunos casos, una inversión mínima de 100.000 euros.

El real decreto no sólo establecerá nuevas normas para la venta de productos complejos de naturaleza híbrida, como las participaciones preferentes, sino que además regulará la Sociedad de Gestión de Activos (el llamado "banco malo") y redefinirá el marco de actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), al que dará una mayor capacidad de supervisión.

El Gobierno está decidido a que no se repita el escándalo de las preferentes, un producto muy complejo que la banca vendió en las sucursales como si fueran depósitos, a clientes particulares, muchas veces sin conocimientos, y en ocasiones sin su consentimiento.

Hace un año la banca mantenía un saldo de 22.500 millones en estos productos financieros perpetuos, es decir, que no vencen nunca, y cuya retribución está ligada a que la entidad registrara beneficios.

Se calcula que más de un millón de clientes vieron atrapados sus ahorros en las preferentes, según las asociaciones de consumidores, que han llevado el caso ante la Justicia. "Estos productos en muchas ocasiones son para inversores sofisticados, no son para colocar en las redes bancarias", ha apuntado el ministro, quien está convencido que con la nueva regulación "evitaremos situaciones como las que hemos vivido en los últimos años".

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A partir del próximo viernes, toda entidad que coloque participaciones preferentes en las sucursales deberá destinar la mitad de la emisión a inversores institucionales, como fondos de inversión, a los que aplicará las mismas condiciones que a los particulares, para evitar discriminaciones. Además, cuando la entidad emisora no cotice en Bolsa, se exigirá al comprador una inversión mínima de 100.000 euros. "Esto también será un elemento que limitará las posibilidades de comercialización", ha apuntado el ministro.

Los bancos también tendrán que crear un registro de productos complejos para que se sepa que "hay algunos productos que, por su naturaleza, no son los más adecuados para el ahorrador normal". Aun así, si un cliente "quiere adquirirlo, se le obligará a poner de su puño y letra que, a pesar de que no es el producto adecuado para él, lo quiere adquirir".

La nueva regulación evitará que se repitan los errores del pasado, pero aún queda pendiente resolver el problema de los ahorradores que se han visto atrapados en estos productos, y no han podido recuperar sus ahorros. La mayor parte de las entidades financieras están ofreciendo canjes de preferentes por acciones u otros productos, como depósitos, que permiten recuperar el dinero pasado un tiempo.

No obstante, las entidades que han recibido ayudas públicas, como Bankia, Novagalicia o CatalunyaCaixa, que fueron muy activas en la venta de estos productos, no pueden hacerlo porque la Comisión Europea exige que el coste de su reestructuración sea pagado también por sus acreedores, incluidos los que compraron preferentes.

El ministro ha explicado que en la actualidad el Banco de España está negociando con Bruselas unas condiciones de canje que permitan que el daño que sufran los inversores en preferentes sea el menor posible. Algunos medios financieros han recogido la posibilidad de que se ofrezca a estos inversores canjear sus títulos con un bono que puedan negociar en el mercado secundario, e incluso obtener una rentabilidad al vencimiento.

De Guindos no ha dado detalles al respecto, aunque sí ha aclarado que el producto que recibirán a cambio los inversores tendrá liquidez, es decir, podrá venderse en el mercado secundario, "algo que ahora no ocurre con las preferentes", y tendrán unas condiciones "que compensen de alguna manera esas desventajas que tenían las preferentes".