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Martes, 16 de Julio de 2019

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Interior impedirá la utilización del registro del Congreso el 25-S

Interior prepara a los agentes para evitar cualquier tipo de acceso de los manifestantes al perímetro del Congreso

Los convocantes aluden en las redes al artículo 77.1 de la Constitución por el cual la policía debe garantizar el derecho de acceso al registro público. Interior lo prohibirá al considerarlo un fraude de ley. Argumentan que en su día el articulado se escribió sin contemplar los posibles escenarios de hoy, es decir, el encubrimiento de una manifestación masiva.

La convocatoria del 25-S incluye una propuesta a través de las redes, lanzada desde hace días, para poder acceder al Congreso de los Diputados burlando el blindaje policial. Bajo el llamamiento "¿Cómo tomar el Congreso de verdad y que no puedan desalojar?" los convocantes proponen utilizar la vía administrativa para acceder al registro de la cámara baja haciendo entrega de una solicitud impresa. La iniciativa se amparan en el Derecho Fundamental de Petición (art. 29 CE) para hacer un llamamiento a los ciudadanos a que acudan, petición impresa en mano, al Registro. Entienden, según recoge su web, que la labor de la Policía, como funcionarios públicos, incluye la obligación de dar curso a las peticiones administrativas de los ciudadanos, de lo contrario, "estarían incurriendo en el delito 542 del Código Penal, que sanciona al funcionario que impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes."

Para Interior no servirá el razonamiento legal de los convocantes ya que lo consideran un fraude de ley. Según fuentes consultadas del ministerio público, "los agentes están preparados para no dejarles pasar. Es un fraude de ley, utilizan un artículo de la Constitución para encubrir una manifestación masiva. Cuando fue redactado el artículo 77.1 de la Constitución no era previsible que pudiera ser utilizado en estos escenarios y con estas intenciones".

Interior ha dado orden de evitar e impedir cualquier intento que tenga como finalidad atravesar el perímetro protegido por un dispositivo de más de 1.300 agentes. En caso de que un ciudadano vaya a registrar una solicitud la Policía remitirá a otro registro público.

Blindaje férreo

No habrá manifestante que se acerque a las vallas del dispositivo, ni ciudadano que atraviese el cordón policial sin acreditar el motivo. Así de tajante se muestran desde el ministerio de Interior para garantizar la protección del Congreso. Quien pretenda acceder a un edificio, un domicilio particular, un despacho o restaurante que se encuentre dentro de la zona protegida tendrá que acreditarlo. No está muy bien definido cómo hacerlo ya que no hay reglamento que recoja dicha discrecionalidad, de manera que será el criterio de los agentes, en función de la tensión que haya, quienes decidirán quién accede.

Ofensiva judicial y policial contra el 25S

El despliegue policial compuesto por unos 1.300 agentes antidisturbios, las cautelas de Interior impidiendo utilizar el registro del Congreso, las advertencias de la delegada del Gobierno asegurando que "es delito y la policía va a actuar", la prohibición de derechos constitucionales - en referencia al artículo 77 Constitución - y la intervención de la Justicia de forma preventiva para "disuadir" a los convocantes, citándoles como imputados antes de que se celebre la concentración, son algunas de las medidas promovidas por el gobierno para minimizar la manifestación. Jueces para la Democracia habla de "vulneración de derechos de manifestación, reunión y contra las libertades".

Su presidente, Joaquim Bosch, en declaraciones a la Cadena SER, recuerda que "el delito contra las Altas Instituciones del Estado lo que castiga es alterar el funcionamiento del Parlamento cuando está reunido. Es evidente que la protesta se plantea como pacífica y no se puede actuar de forma preventiva presumiendo la culpabilidad de los promotores. No resultan compresibles que la policía irrumpa en reuniones que son pacíficas o que la delegada de Gobierno diga que tiene listas con nombres de manifestantes. En un estado Constitucional la delegación de Gobierno debe garantizar derechos fundamentales y no deberían utilizar medidas de presión para disuadir a la gente para no protestar".

En el mismo sentido se ha manifestado la Asociación Progresista de Fiscales, su presidenta María Moretó, asegura que las últimas actuaciones suponen "una forma de paralizar los movimientos ciudadanos de protesta contra las políticas del Gobierno, cercenar el derecho de opinión, libertad de expresión y manifestación".

Feli, portavoz coordinadora 25-S

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