El Poder Judicial seguirá debatiendo el informe crítico con el Código Penal el próximo martes

La Comisión de Estudios del Poder Judicial seguirá debatiendo el próximo martes sobre el informe que criticaba con dureza la reforma del Código Penal propuesta por el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. El documento, al que tuvo acceso la SER, señala que conceptos como la prisión permanente revisable o la custodia de seguridad son "de cuestionable constitucionalidad" y añade que no han estado vigentes en nuestro ordenamiento jurídico "ni siquiera durante la dictadura franquista".

La Comisión de Estudios del Poder Judicial no ha llegado a un consenso en torno al informe de la vocal Margarita Robles que criticaba con dureza el contenido de la reforma del Código Penal, propuesta por el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Tras más de tres horas de reunión, los cinco componentes de la Comisión de Estudios no han llegado a un acuerdo en torno a este documento y posponen el debate sobre su aprobación hasta el próximo martes dieciocho de diciembre. En caso de ser aprobado por esta Comisión, el informe sería llevado a debate en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

Ha sido la propia vocal del Poder Judicial Margarita Robles quien ha solicitado el aplazamiento de la decisión, por considerar que se trata de un informe muy extenso que precisa de un estudio profundo. El debate será retomado el próximo martes por la Comisión de Estudios, si bien están programadas otras dos reuniones posteriores, por lo que la decisión final sobre el informe no estaría lista para el Pleno del Consejo General del Poder Judicial del próximo día veinte de diciembre.

Este documento, al que tuvo acceso la Cadena SER, señala que conceptos como la prisión permanente revisable nunca han estado vigentes en el ordenamiento jurídico español, "ni siquiera durante la dictadura franquista", y duda de que una privación de libertad "potencialmente perpetua" pueda ser "reconciliable con la reinserción del penado". En lo relativo a la custodia de seguridad, también contemplada en el anteproyecto de Código Penal del Ministro de Justicia, el informe opina que es "de cuestionable constitucionalidad" ya que, según señala, adolece de "un procedimiento para acordar su inicio, revisión, modificación o cese". También añade que la libertad vigilada "puede tener carácter ilimitado, y restringe derechos".

El Poder Judicial cuestiona también la validez de la exigencia de una denuncia previa para poder perseguir delitos de malos tratos y lesiones de menor entidad. Señala que es algo "inaceptable" y que supone un retroceso en la afirmación del monopolio estatal frente a la violencia. Las reformas introducidas al hilo de las protestas en las calles, "una equiparación penal entre el simple porte de armas y su utilización efectiva" también son objeto de crítica en este informe, al igual que solicita que no haya delito en prestar ayuda a un inmigrante ilegal dentro de un contexto "humanitario".

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