El juez Castro impone una fianza civil de 8,1 millones de euros para Urdangarin y Torres

El juez que investiga las millonarias subvenciones públicas percibidas por el Instituto Nóos de los gobiernos de Baleares y Valencia ha asumido las tesis de la Fiscalía Anticorrupción. José Castro ha dado un plazo de cinco días a Iñaki Urdangarín y su exsocio, Diego Torres, para abonar una fianza en concepto de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros. El juez sostiene que Baleares y Valencia no tenían necesidad de suscribir esos contratos con esta entidad sin ánimo de lucro y que se adjudicaron "en tiempo record" porque ambos imputados "fabricaron" la necesidad de contratarles.

El juez de Palma, José Castro, ha impuesto una fianza de 8,1 millones de euros a Iñaki Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, por la posible responsabilidad civil que se pueda derivar de las millonarias subvenciones concedidas al Instituto Nóos por parte de los gobiernos de Baleares y Valencia. Es una fianza solidaria que deberán abonar entre ambos imputados y en un plazo de cinco días. De no hacerlo, se procederá al embargo de sus bienes.

Castro sostiene en su auto que los contratos de esta entidad sin ánimo de lucro con distintas administraciones públicas "no respondi?an a necesidades sentidas por aque?llas por mucho que alguien quiera empen?arse en lo contrario". Añade que "en el horizonte real, factible y pro?ximo de las diferentes Instituciones Pu?blicas contratantes nunca estuvieron los proyectos que el mismo di?a o tan so?lo di?as despue?s de su ofrecimiento y en un tiempo record ya les fueron adjudicados". La necesidad "no existía y fue expresamente fabricada para que se ajustara al ofrecimiento que le haci?an In?aki Urdangari?n y Diego Torres, de tal manera que si la oferta no se hubiera producido la necesidad no hubiera nacido"

Informes inexistentes

El juez cita algunos ejemplos para justificar estas afirmaciones y se pregunta "cómo si no puede entenderse que el vicepresidente de la Generalitat Valenciana se trasladara desde Valencia a Barcelona a las oficinas de la Asociación Instituto Nóos para mantener una entrevista al objeto de que colaborase con la Generalitat bajo cualquier modalidad y con cualquier objetivo".

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El auto destaca que siempre se trataba de "acuerdos verbales que quedaban extramuros de cualquier normativa", lo que es "más grave aún en atención a su elevado importe". Posteriormente, se les daba apariencia de legalidad con "reuniones inexistentes, informes inexistentes o adornados con una imperdonable vaguedad". Con estos mimbres, concluye subrayando que el Duque de Palma y Torres han tenido "intervención activa en los hechos supuestamente delictivos, los consumaron hasta las últimas consecuencias derivando los fondos ilícitamente obtenidos hacia sociedades de su entorno y de ahí arranca que sean merecedores de la fianza interesada.