Urdangarin contrató a un hacker del CNI para 'ordenar' el sumario del caso Nóos
Fuentes de la investigación dudan de que ese fuera el verdadero cometido de este ingeniero informático detenido en una operación contra el tráfico de datos personales
El CNI ha irrumpido en el caso Nóos de la mano de una pieza separada que la Fiscalía Anticorrupción y el juez, José Castro, investigan en Barcelona. Las pesquisas arrancan en mayo del año pasado cuando la policía detiene a más de 100 personas en el marco de la operación pitiusa contra el tráfico de datos personales. Entre los detenidos figura un colaborador del Centro Nacional de Inteligencia que tenía en su poder una copia del sumario del caso Nóos. Un hecho que se puso en conocimiento del juzgado de instrucción número tres de Palma que se desplazó a la ciudad condal a interrogar al sospechoso. Reconoció que colaboraba con el CNI en labores informáticas y que el abogado de Urdangarin le contrató para ordenar el sumario del caso Nóos. Sin embargo, sus conocimientos informáticos, han hecho que los investigadores sospechen que ese no fue su verdadero cometido.
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El CNI era la institución que faltaba para que la investigación del caso Nóos tuviera todos los ingredientes de una película de éxito. Esta pieza separada del sumario permanece secreta y, según fuentes de la investigación consultadas por la Cadena SER, se ha desencadenado a raíz de las detenciones en mayo pasado en el marco de la operación pitiusa que desarticuló una red de tráfico de datos personales.
De los más de 100 detenidos, acusados de espiar a miles de personas, entre ellas Telma Ortiz o Ignacio González, figura un colaborador del CNI. En los registros, se le requisan pen drives y 140.000 euros en efectivo que dice que ha cobrado de los fondos reservados. En esos soportes electrónicos se localiza rapidamente una copia del sumario del caso Nóos y se da parte del hallazgo al juzgado de Palma que lleva la investigación. Más adelante, se localizan miles de correos electrónicos entre los imputados por los negocios de esta entidad sin ánimo de lucro.
Siempre según estas mismas fuentes, este supuesto agente del CNI reconoció que había cobrado 7.000 euros por su trabajo, que le había contrado el despacho profesional de Mario Pascual Vives y que su cometido se había limitado a ordenar los emails que obran en la causa. Unos argumentos que no convencen a los investigadores que consideran que 7.000 euros es un precio desorbitado solo por ordenar unos papeles y que un ingeniero informático no parece el perfil adecuado para esa función.
