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Sociedad | Actualidad

Al menos nueve guardias civiles detenidos en Canarias por torturas y tráfico de drogas

La operación 'Botavara' se salda con la detención de 21 personas, nueve de ellas son guardias civiles

La delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, acompañada por el coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, Ricardo Arranz (i) y por el director general de la Administración del Estado en Fuerteventura, José Agustín Medina Gonz(EFE)

Falsedad documental, amenazas, tráfico de drogas y tortura de detenidos son algunos de los presuntos delitos que habrían cometido los nueve guardias civiles detenidos en el marco de la operación 'Botavara', desarrollada el pasado mes de febrero en Fuerteventura. En la operación en la que se incautaron más de 1.000 kilos de hachis, también se imputan cargos de amenazas y coacciones, y omisión del deber de perseguir delitos.

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"Un elenco del Código Penal en el que quedan pocos sin tocar", con estas palabras ha definido la situación el coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, Ricardo Arranz, que matizó que no se le imputan a todos los mismos delitos porque "cada uno tiene su grado de participación", al igual que los civiles arrestados en esta investigación.

La operación 'Botavara' en la que se han detenido hasta el momento a un total de 21 personas, de las que nueve pertenecen al cuerpo de la Guardia Civil, se encuentra abierta y bajo secreto de sumario, según puntualizó la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento. Ha añadió que la rueda de prensa ofrecida este miércoles se hace bajo el consentimiento del Juzgado de Instrucción Número Dos de Arrecife (Lanzarote), que se encarga de las diligencias.

En concreto, de las 21 personas detenidas, nueve son guardias civiles (dos cabos y siete agentes), de los que cinco han ingresado en prisión provisional, dos están en libertad con cargos y los otros dos se encuentran con imputaciones. En cuanto a los 12 civiles arrestados (dos de nacionalidad marroquí), dos se encuentran en prisión, nueve en libertad con cargos y uno en libertad sin cargos.

Esta operación, reconoció Arranz, ha sido "dolorosa" para la Guardia Civil, por el hecho de que estén implicados agentes del cuerpo, y afirmó que en el ámbito de Canarias se puede considerar que es la operación más grave que se ha producido dentro de la Benemérita.

 
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