Los empresarios donantes niegan haber realizado pagos al PP

Madrid

Villar Mir y José Luis Sanchez afirman que jamás han realizado ningún pago al PP tal y como aparece en los papeles de Bárcenas y admiten que conocen tanto a Lapuerta como a Barcenas pero nunca les han pedido ninguna contratación pública.

Los presidentes de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y del grupo Sando, José Luis Sánchez han negado haber realizado pago alguno al Partido Popular, en contra de lo que aparece en los papeles de Bárcenas, mientras que Alfonso García-Pozuelo, que ha abandonado la Audiencia con la cara cubierta por un casco de moto, se ha negado a declarar.

Los tres comparecían este lunes como imputados porque según los documentos manuscritos por el extesorero, pagaron algo más de 2 millones de euros al Partido Popular. La UDEF apuntó además que durante los años en que realizaron los pagos, recibieron adjudicaciones de administraciones gobernadas por este partido por más de 5.300 millones.

Tanto Villar Mir como José Luis Sánchez han admitido que conocían tanto a Álvaro Lapuerta como a Luis Bárcenas. Al primero con mayor profundidad, pero aseguran que nunca realizaron pago alguno, ni le pidieron ninguna contratación pública. Sólo Sánchez ha reconocido que una vez le preguntó por un contrato con el Ayuntamiento de Madrid, pero Lapuerta le contestó que se "llevaba mal" con el alcalde Álvarez del Manzano, y nunca lo volvió a plantear.

Ninguno de los dos constructores ha pedido explicaciones a Lapuerta porque sus nombres aparezcan en los papeles de Bárcenas, ni se han planteado querellarse contra sus autores. Ambos consideran que debe tratarse de un error al que no encuentran explicación.

Villar Mir sí que ha admitido pagos a fundaciones como el laboratorio de ideas del PP, FAES; Mujeres por África que preside María Teresa Fernández de la Vega; la Fundación Instituto El Cano, o los sindicatos UGT y CCOO.

La semana pasada el juez Ruz tomó declaración como testigos a políticos del PP y trabajadores de este partido que admitieron sobresueldos, pagos en sobres e ingresos fraccionados en la cuenta de donativos. Y los reconocieron porque tanto en la contabilidad oficial, como en las declaraciones de la renta como en los extractos de los bancos figuran esos movimientos. Los supuestos pagos en metálico de los empresarios no aparecen en documentación oficial alguna. Según la policía, esas donaciones eran fraccionadas e ingresadas como aportaciones anónimas por lo que resulta muy difícil identificar el origen del dinero si los 'donantes' no admiten los pagos, según fuentes jurídicas.

Ni una pregunta del fiscal Anticorrupción

Se da la circunstancia de que en uno de los casos de supuesta corrupción más graves de España, el Fiscal Anticorrupción designado exprofeso para este caso, Antonio Romeral, no ha hecho ni una sola pregunta a los empresarios imputados.

El juez Ruz intentaba averiguar si los tres empresarios pagaron algo más de 2 millones de euros al PP, tal y como aparece en los documentos manuscritos por el extesorero, y la posible existencia de un delito de cohecho. Es decir, si esos pagos se produjeron a cambio de recibir contrataciones por parte de administraciones gobernadas por el Partido Popular. Y eso es algo que apuntaba la Policía Nacional en un informe al magistrado. Los agentes de la UDEF sostienen que existe "una continuidad en las entregas" de dinero mientras obtenían "adjudicaciones de órganos gobernados por el Partido Popular".

En resumen, esto es lo que sostiene el informe policial respecto a los tres empresarios que comparecen esta tarde:

Constructora Hispánica SA: Entre 2001 y 2011 recibió de administraciones gobernadas por el PP contratos por 525.266.925 euros, lo que supone la mitad aproximadamente de las adjudicaciones totales de esta firma en la serie histórica analizada. Entre 1998 y 2006, el presidente de la compañía, Alfonso García-Pozuelo, realiza "nueve entregas que alcanzan un montante de 258.161,94 euros", lo que lleva a concluir a la UDEF que "existe por tanto una continuidad en las entregas en periodos de tiempo donde obtiene adjudicaciones de órganos gobernados por el Partido Popular".

Obrascón Huarte Lain SA (OHL): las adjudicaciones del PP en el periodo 2002-2009 ascendieron a 4.652.663.015,52 euros que "representa el 60% del volumen de contratación total de la empresa". "Las aportaciones vinculadas a Juan Miguel Villar Mir, presidente y consejero de la compañía durante ese periodo" alcanzan "un montante de 530.000 euros y se producen en tres entregas en los años 2004, 2006 y 2008". "Existe por tanto" dicen los agentes "una continuidad en las entregas en periodos de tiempo donde obtiene adjudicaciones de órganos gobernados por el Partido Popular".

Grupo Empresarial SANDO SL: Obtuvo 51 contratos de administraciones del PP en el periodo investigado por 264.824.755 euros, lo que supuso el 13,64% del volumen de contratación total de la empresa. En el mismo tiempo, el presidente de la entidad, José Luis Sánchez Domínguez, habría realizado "trece entregas que alcanzan un montante de 1.250.000 euros", por lo que "existe una continuidad en las entregas en periodos de tiempo donde obtiene adjudicaciones de órganos gobernados por el Partido Popular". "Asimismo", dice la UDEF, "existe una regularidad en el montante de las mismas siendo doce de las trece entregas por importe de 100.000 euros".

Las ocho empresas investigadas recibieron del PP contratos por más de 12.300 millones de euros. La policía también detalla que existen un total de 21 donaciones en los papeles de Bárcenas que superan el límite legal de 60.000 euros, que al ser ingresadas en el banco fueron "fraccionadas" en una actuación "persistente en el tiempo", dividiendo la cuantía "en múltiples partes por valor inferior" para convertir en legales donaciones que no lo eran.

Otros cuatro empresarios declaran mañana

Mañana se retoman los interrogatorios con las declaraciones de otros cuatro empresarios supuestamente donantes de fondos al PP. Se trata de José María Mayor Oreja, presidente de FCC; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvi; Luis Fernando del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso; y Juan Manuel Fernández Rubio, consejero de Aldesa Construcciones.