Rajoy aprovecha un sistema de espionaje que denunció en 2009

Fuentes conservadoras reconocen que para el Gobierno de Rajoy también se ha convertido en "un juguete" y que ahora nadie quiere renunciar a utilizarlo. Destacan que para Interior resulta "muy útil" y dicen que quizá vaya dentro de la reforma de la ley procesal penal.

Más de año y medio después de haber llegado al Gobierno, Mariano Rajoy no ha hecho nada por regular SITEL, un sistema integrado de interceptación de las telecomunicaciones que fue cuestionado y denunciado en 2009 por el Partido Popular como "una restricción " a los derechos fundamentales.

Cuando el PP estaba en la oposición decía que este plan de escuchas invadía por completo la intimidad de las personas y que había que resolverlo urgentemente. Ahora, fuentes conservadoras, admiten que para La Moncloa también se ha convertido en "un juguete" y que nadie quiere renunciar a utilizarlo.

Hace apenas un mes, en la Interparlamentaria que los populares celebraron en Salamanca, María Dolores de Cospedal se dio de bruces con ello. La secretaria general de los populares tuvo que salir a decir que su partido iba "a seguir trabajando" en este asunto después de que una participante le preguntara por ello en una de las mesas de trabajo. Fue un momento bastante incómodo. De hecho, después la seguridad privada le pidió a esta que abandonara el acto y aunque se resistió, terminó haciéndolo porque se le quitó la acreditación.

Pero lo cierto es que el PP ha dejado en el olvido un asunto al que le concedió máxima prioridad cuando vivía de lleno el arranque del 'caso Gürtel'. Todo el mundo pensó entonces que su único objetivo era deslegitimar las actuaciones judiciales que afectaban a sus miembros, acusar a los socialistas de espionaje y ver si podía servir para anular las cintas de esta trama de corrupción como ocurrió con el 'caso Naseiro'.

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Muchas voces populares se elevaron reclamando un control. Como la de Soraya Sáenz de Santamaría o Federico Trillo. Pero Esteban González Pons fue el encargado de denunciar que era "inconstitucional". Y presentó una proposición de ley para que SITEL fuera competencia exclusiva de la autoridad judicial y no del Ministerio del Interior, entonces en manos de Alfredo Pérez Rubalcaba. Para el PP había toda una serie de lagunas legales que se debían resolver.

Entre sus peticiones, el PP reclamaba que el juez solo decretera la interceptación de comunicaciones en caso de que la gravedad de los delitos investigados así lo justificara y que no se basara solo en meras sospechas. Uno de los puntos más polémicos fue el que se refería a las conversaciones de un abogado con su cliente. Señalaba que no se podía decretar su control si no había datos objetivos de su participación directa en los hechos investigados.

Como contraataque, el Ejecutivo socialista mostró los contratos que había con la empresa danesa que lo implantó: uno de 2001, firmado por Rajoy y otro, de 2003, con la rúbrica de Cospedal. Se pagaron 10 millones de euros y fue Ángel Acebes quien lo puso en marcha.

Pons admitió que había sido el Ejecutivo de José María Aznar el encargado de generar este tipo de software pero solo para utilizarlo una vez en pruebas durante el 11-M. Rubalcaba defendió que se trataba de un instrumento clave para la lucha contra ETA y para las investigaciones sobre narcotráfico. Entre ambos llegó a producirse un serio incidente en los pasillos del Congreso, en el que también se vio involucrado Carlos Floriano. Contaron que Rubalcaba les había amenazado diciéndoles que veía y escuchaba todo lo que decían. Este salió a defenderse posteriormente diciendo que se refería, a lo que iban contando por los medios de comunicación y no a otra cosa.

Los populares se quejaron de que Sitel proporcionaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado información privada adicional a la que autoriza un juez, como por ejemplo los sms, los emails, la navegación por Internet, la geolocalización... Una ingente cantidad de datos de la persona a la que se controla y también de los que la rodean. Lamentaron que las grabaciones fueran fácilmente manipulables porque no hay ninguna autoridad que certifique su autenticidad. Y resaltaron que no se procede a la destrucción de la información que se maneja.

Actualmente todas las escuchas que se realizan se hacen con autorización judicial. Pero eso no significa que algunas no la tengan. Es decir, las que se aportan a los procedimientos siempre cuentan con ella. Pero hay muchas cosas que no se incluyen en el sumario. Además, una de las cosas que más preocupaba al PP hace años era que el aparato que realiza el control no tuviera supervisión judicial sino que estuviera al albur del uso que le quisieran dar los agentes. "SITEL lo graba todo y de ese todo un 10% se destina al proceso. El resto, el 90%, es privado", indica un diputado popular.

También se ha funcionado de otra manera. Muchas veces la policía ha empleado SITEL con narcotraficantes o terroristas. De hecho es para lo que fundamentalmente ha servido. En una investigación previa detecta una cuestión importante, sigue la pista y cuando descubren algo decisivo, acuden al juez para que lo valide.

Para el PP era "un peligro". Y hoy, aunque sus cargos reconocen que al Gobierno le puede venir bien dejarlo como está, muchos destacan que no es lo conveniente porque se han producido muchas anulaciones judiciales. De hecho hay quien recuerda que se publicó una conversación telefónica de Antonio Clemente, actual secretario general del PP valenciano, en la que se daba a conocer que uno de los cerebros de la Gürtel había hecho de intermediario para que se comprara un Jaguar. Explican que esta grabación se tuvo que eliminar del sumario precisamente porque se había realizado antes de la apertura y no estaba autorizada. No creen que eso ocurra ya con las que existen actualmente porque las califican de "impecables".

El Congreso, al final, rechazó regularlo por Ley Orgánica. Y SITEL, por tanto, para muchos dirigentes del PP sigue siendo "alegal". Ahora que los conservadores podrían recuperar este asunto y sacarlo adelante fácilmente sirviéndose de su mayoría absoluta, no lo hacen. Rajoy ya no lo reivindica. Desde el Partido Popular cuentan que para Interior este sistema resulta "muy útil". Y creen que, si acaso, lo incluirá el ministerio de Justicia dentro de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal. El anteproyecto se conocerá en otoño. No parece que vaya a resolver el problema pero habrá que esperar a ver si es tan detallado como fue la proposición de ley del Partido Popular.

En las últimas semanas se ha visto que en Estados Unidos, la vida privada de los ciudadanos no era tal. ¿Y en España? Con Barack Obama en el ojo del huracán, la atención se vuelve hacia nosotros. ¿Aquí también nos espían? "Los ciudadanos españoles también están vendidos", confiesan en el PP.

El escándalo en EEUU fue in crescendo. Primero se supo que el Gobierno había intervenido líneas telefónicas de periodistas. Después un extécnico de la CIA y de la NSA, Edward Snowden, reveló el espionaje masivo de llamadas y datos de Internet por parte de las autoridades. Para rematar Facebook y Microsoft contaron que les habían pedido los datos de 19.000 y 32.000 usuarios. Y por último, que también se había controlado a diplomáticos de la Unión Europea por lo que se están pidiendo explicaciones oficiales. Cada día, se va conociendo más información delicada.

Cada vez más cerca de ese Gran Hermano orwelliano, Obama apeló a motivos de seguridad para justificar estas invasiones: "No podemos tener una seguridad al 100% y una privacidad al 100%, con cero inconvenientes". La Administración americana tuvo conocimiento de datos íntimos de millones de ciudadanos a través de un programa de vigilancia de las telecomunicaciones, llamado PRISM, en manos de la Agencia Nacional de Inteligencia (NSA).

Pero no ha sido el único caso. Después se ha descubierto que la agencia británica Government Communications Headquarters (Gchq) espió en 2009 de "forma sistématica" a países aliados en dos cumbres del G-20 a través del programa TEMPORA. Nosotros tenemos SITEL, tres terminales en manos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y precisamente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que depende directamente de la vicepresidenta.