Un pleno del Constitucional decidirá si aparta a su presidente recusado en más de 50 causas

El recelo de imparcialidad ha promovido que sean varias comunidades autónomas y particulares quienes hayan presentado o anunciado la presentación de recusaciones por considerar que Pérez de los Cobos no puede ser imparcial por dos motivos fundamentalmente: por haber seguido siendo militante del Partido Popular durante cuatro años (2008-2011) y pagando religiosamente sus cuotas de afiliado cuando ya era magistrado del tribunal Constitucional y por haber asesorado al PP en materia laboral desde 1992 dada su condición del catedrático de Derecho del Trabajo.

El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, admitió hace un mes ante los miembros del pleno, que mantuvo su militancia en el PP cuando ya era magistrado del tribunal. Sin embargo, añadió que a día de hoy ya no paga las cuotas de afiliado.

El calendario de trabajo para los magistrados contempla la celebración del primer pleno el próximo día 9 de septiembre, según fuentes del tribunal, aunque se trataran solo asuntos de trámite y casos pendientes que quedaron aparcados tras la renovación de cuatro magistrados el pasado mes de junio.

Antes de esa fecha, la vicepresidenta podría convocar un pleno monográfico en el que se estudiaran las recusaciones presentadas hasta ahora contra Pérez de los Cobos. Las únicas peticiones formales registradas en el tribunal para que el presidente se abstenga han sido presentadas por el Parlament (7 litigios) y la Generalitat de Cataluña (24 causas). Hay también otras comunidades que han anunciado la presentación de recusaciones como Andalucía (15 asuntos) o Asturias (4 casos) e incluso particulares como el ex juez Garzón, pero todavía no las han formalizado en el registro del tribunal. Según las fuentes consultadas algunas de estas recusaciones podrían ser rechazadas de plano puesto que existen unos plazos concretos para presentarlas y su invocación ahora estaría fuera de ese límite temporal.

Precedente de Jiménez de Parga

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El Tribunal Constitucional decidió por unanimidad el 17 de Junio de 2003 no admitir a trámite las recusaciones que habían presentado la Generalitat y el Parlamento de Cataluña contra el presidente de ese tribunal, Manuel Jiménez de Parga, a raíz de sus declaraciones sobre las comunidades históricas. El presidente declaró que se deberían eliminar la diferenciación entre nacionalidades y regiones como establece la Constitución, es decir, entre las comunidades consideradas como nacionalidades históricas -Cataluña, el País Vasco y Galicia- y las que no lo son.

El Gobierno Vasco también recusó en octubre de 2002 a Jiménez de Parga por una supuesta parcialidad para determinar la constitucionalidad o no de la Ley de Partidos, impugnada por el Ejecutivo de Vitoria, recusación que fue desestimada un mes más tarde. En aquellas declaraciones, Jiménez de Parga se refirió al proceso de ilegalización de Batasuna, que se trata en el Tribunal Supremo, y se mostró confiado en que "lo hagamos lo mejor que sepamos y consigamos una sentencia favorable".

Renuncia OIT

El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, presentó su renuncia el pasado mes de junio como miembro de la comisión de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la que formaba parte desde marzo de 2012.

Según han confirmado fuentes de esta institución, la renuncia fue comunicada al organismo internacional poco después de que Pérez de los Cobos asumiera la presidencia del Constitucional (en junio) y resuelta , es decir, aceptada por el tramite habitual, no de urgencia.

Pérez de los Cobos fue asesor de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT durante 15 meses y en ese periodo desempeñaba además el puesto de magistrado en el alto tribunal elegido a propuesta del PP en diciembre de 2010, dentro del cupo correspondiente al Senado.

Según las fuentes consultadas, Pérez de los Cobos comunicó al entonces presidente Pascual Sala su propósito de asesorar a la OIT y el presidente no vio ningún inconveniente o incompatibilidad puesto que se trataba de una institución que no implicaba una dependencia económica ni profesional, y además suponía un mérito añadido el hecho de que una institución internacional de reconocido prestigio, eligiera a un miembro del Tribunal Constitucional como asesor.

Expertos independientes

Fuentes de la OIT ha explicado que los asesores de la comisión de expertos no tienen asignada una dieta económica sino que la organización les paga exclusivamente los desplazamientos, manutención y estancia en las reuniones. La comisión está formada por 20 miembros, juristas, académicos o expertos en derecho del trabajo que realizan informes sobre los proyectos de más de 130 países (evaluación técnica de la aplicación de las normas internacionales en los Estados miembros de la OIT)

Para mantener la imparcialidad, el comité tiene la costumbre de que los consejeros de un país no intervienen en las deliberaciones que haya podido plantear su propia nación. Además cuando se producen reclamaciones o quejas el organismo encargado de resolverlas no es la comisión de asesores sino el consejo de Administración o el comité de libertad sindical.

El artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que el cargo de magistrado es incompatible con "el desempeño de actividades profesionales o mercantiles" y no marca ninguna diferencia de incompatibilidad entre los magistrados y el presidente del Constitucional.