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La acusación popular exige investigar el borrado de los ordenadores de Bárcenas

Observatori Desc solicita una batería de diligencias al juez Ruz después de que el PP haya destruido el disco duro de los ordenadores del extesorero

Luis Bárcenas, a su llegada hoy a la Audiencia Nacional, donde está citado, junto a su mujer, Rosalia Iglesias, para declarar de nuevo ante el juez Pablo Ruz /

Las partes reaccionan al rocambolesco episodio protagonizado por el Partido Popular que entregó en la Audiencia Nacional los dos ordenadores del que fuera guardián de sus cuentas pero después de haber destruído y formateado el disco duro. Observatori Desc ha reclamado que se cite a declarar a los informáticos que borraron la memoria y a los miembros del partido que hayan custodiado los aparatos electrónicos. Además piden a Pablo Ruz que remita el asunto a Plaza de Castilla por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito.

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La acusación popular ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que remita a los juzgados de Plaza de Castilla el caso de los ordenadores de Luis Bárcenas que el Partido Popular entregó después de haber destruido y formateado el disco duro. Observatori Desc sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de encubrimiento y otro informático. En su escrito subrayan que "el partido popular era perfecto conocedor de la imputación de Luis Bárcenas" y que "la ley impide expresamente borrar cualquier información empresarial que pueda ser necesaria a efectos legales durante al menos cinco años y que esa obligación resulta más exigible cuando existe una investigación en curso".

La acusación popular se lamenta porque ahora "difícilmente podrá elaborarse el informe pericial que debería cotejar la contabilidad B del partido en el Gobierno que entregó Bárcenas al juez en un pendrive con la que se presumía que contendrían esos equipos informáticos. Por ello solicitan también a Ruz que exija al Partido Popular los discos duros originales de los equipos y que cite a declarar en calidad de testigos a los informáticos que borraron el contenido y a las personas que hayan custodiado los ordenadores.

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