España, denunciada ante Estrasburgo por expulsar a 73 inmigrantes de Isla de Tierra

El Estado español expulsó colectivamente a 73 inmigrantes que habían llegado al peñón de la Isla de Tierra en agosto de 2012 en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas, contraviniendo la Ley de Extranjería y haciendo caso omiso a la recomendación del Defensor del Pueblo . Son los argumentos que basan la Demanda a la que ha tenido acceso a la Cadena SER, en la que dos de los afectados reclaman ahora ante la justicia europea que se condene a España por ello, que supuso una clara vulneración de sus derechos, según Migroeurop, la red europea que aglutina a medio centenar de organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de los migrantes.

"Reclamamos justicia. Todo lo que espero del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que condenen este acto, y que continúe combatiendo todos estos actos que se hacen contra los clandestinos que son expulsados del territorio español", asegura a la Cadena SER Enmanuelle Mahop uno de los demandantes. Ante la demanda, fuentes del Ministerio del Interior se remiten a las explicaciones ofrecidas hace un año por Fernández Díaz.

En la madrugada del 4 de septiembre de 2012 la Guardia Civil entregaba a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos a 73 de las personas que habían llegado horas antes al peñasco de bandera española situado a apenas unos metros de la costa marroquí. A pesar de las advertencias y las denuncias reiteradas de la red de organizaciones europeas y africanas, Migroeurop, y de otras muchas organizaciones pidiendo un trato justo para los inmigrantes que habían llegado al peñón de Isla de Tierra, exigiendo que se les trasladara a un centro de acogida para que se pudiese estudiar , caso por caso, su situación tal y como recoge la Ley de Extranjería Española, finalmente un acuerdo con el país vecino hizo que devolvieran a Marruecos a 73 personas y que fueran conducidos a España sólo ocho (menores y sus madres y mujeres embarazadas). Se ponía fin así a 5 días de incertidumbre jurídica y humanitaria desde que llegaran al islote los primeros inmigrantes en la madrugada del 29 de agosto. El gobierno español a través de los ministerios de Interior y Exteriores explicaron esta devolución colectiva argumentando que el acuerdo bilateral firmado con Marruecos en 1992 para la devolución de inmigrantes salidos desde sus costas hacia España se lo permitía.

Un año y un mes después, hoy, dos de los inmigrantes expulsados aquella madrugada, dos ciudadanos cameruneses que siguen residiendo en Marruecos, han demandado al Reino de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la expulsión colectiva de los 73 inmigrantes de Isla de Tierra. La Cadena SER ha podido contactar con uno de los denunciantes, Enmanuelle Mahop, que explica por qué ha dado este paso "si hoy hemos decidido de demandar es porque han abusado de nosotros. Toda persona, todo ser viviente en la tierra tiene derecho, y nuestros derechos no han sido respetados nunca. Lo primero es que nosotros debimos ser atendidos por las autoridades españolas, acompañados por un abogado, pero no vimos a nadie. Ellos fueron juez y parte y decidieron por ellos mismos expulsarnos a Marruecos. Este es el motivo, y con la fuerza de Dios, todos tenemos el derecho de reclamar justicia y presentar, como yo he hecho, una demanda contra las autoridades españolas. De esta manera, no sólo para mí, sino para todos los clandestinos que en el futuro lleguen a España o que lleguen del otro lado de la valla o por barco, se pan y tengan el derecho a ser escuchados uno por uno y por ese motivo he presentado la demanda", explica desde Marruecos este joven que en todo este tiempo no ha podido encontrar un medio de vida en el país vecino.

En su demanda, solicitan que el Alto Tribunal condene a España por haber ejecutado una expulsión colectiva, expresamente prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), "negándoles la posibilidad de solicitar asilo en nuestro país y acceder a la tutela judicial recogida en la normativa española e internacional" según los abogados de Migroeurop que han asesorado a los migrantes para la elaboración de la demanda. También denuncian que su expulsión se produjo hacia un país, Marruecos, dónde se violan sistemáticamente los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas de origen subsahariano.

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Frente a la invocación del Gobierno de España a que puso en marcha el acuerdo con el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros "entrados ilegalmente", los expertos en extranjería de Migroeurop, que han asesorado a los inmigrantes en varias visitas a Marruecos, sostienen que "un acuerdo bilateral no puede suplantar la legislación internacional y nacional vigente. En concreto, las disposiciones establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en las Leyes de Extranjería y Asilo que obligan a estudiar de forma individualizada la situación de cada persona , facilitando su acceso a los procedimientos establecidos en la ley", recogen literalmente en la demanda los abogados españoles que han elaborado la demanda que presentan estos dos jóvenes cameruneses.

El segundo demandante, Hiondi Denis, viajaba en la segunda embarcación que llegó el peñón en la madrugada del 1 al 2 de septiembre. Aunque también recibieron asistencia humanitaria, al igual que el primer grupo, en ningún momento se les informó de su situación legal en territorio español ni sobre los derechos y obligaciones de esta circunstancia, hasta que en la madrugada del 3 al 4 de septiembre se procedió a su expulsión. "No. No fuimos informados de nada en la isla, nos reunieron el primer día que llegamos, nosotros fuimos los primeros en llegar y al segundo día nos echaron a todos ilegalmente, y ni pudimos demandar la asistencia de un abogado ni poder demandar asilo ni otra cosa de nada , nos metieron en un barco y nos echó la Guardia Civil. "El gobierno español sabe lo que sufren los inmigrantes clandestinos en general en el lado Marroquí por eso no entiendo y hoy me gustaría saber por qué nos envió a Marruecos, por qué razón fuimos expulsados. Es que esos militares que nos entregaron a la Guardia Civil o la Guardia Civil han recibido dinero por enviarnos del lado marroquí o es que hay otras causas. Quiero que se aclare este asunto", exige Emmanuelle, que recuerda con amargura como no recibieron ningún tipo de asistencia jurídica y fueron expulsados en plena madrugada a territorio marroquí, primero a una comisaría de Nador, desde donde fueron llevados finalmente a Oujda, en la frontera con Argelia y abandonados allí a su suerte, en una de las pocas fronteras que permanecen cerradas en el planeta. De hecho, pasaron unos días en el campus universitario de Oujda por donde suelen pasar todos los subsaharianos que Marruecos trata de expulsar hacia Argelia pero que al no poder salir del país vuelven a comenzar su aventura por Marruecos "en un juego de ping pong" como denuncian desde hace más de una década todo tipo de ONG y Organizaciones de Derechos Humanos. Hiondi Denis, el segundo demandante asegura que al resistirse a subir al autobús que lo trasladaría de Nador a Oujda recibió "una brutal paliza por parte de los agentes marroquíes" cuyas secuelas son aún visibles en fotografías tomadas de las cicatrices y que han adjuntado en la demanda. A esto se añade que tras la expulsión a Argelia los inmigrantes aseguran que "los agentes argelinos dispararon" contra ellos, unos testimonios que coinciden con las manifestaciones que los inmigrantes hicieron a la Cadena SER a las pocas horas de llegar a Oujda.

Los demandantes (con representación letrada de abogados de CEAR Nuria Díaz y Paloma Favieres y de Diego Boza de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) no sólo esperan una condena a España por su expulsión en particular sino que sirva para poner freno a las expulsiones colectivas desde territorio español , Emmanuel detalla que "todo lo que espero del Tribunal Europeo de derechos humanos, es que me gustaría en primer lugar que condenen este acto, a todas las personas que contribuyeron a hacer esta expulsión de Isla de Tierra a todos los efectos. Me gustaría que el Tribunal Europeo continúe combatiendo todos estos actos que se hacen contra los clandestinos que son expulsados del territorio español. Porque cuando los clandestinos llegan a España, en la zona de Melilla, pasan a veces dos días escondidos y al tercer día cuando se dirigen al campamento de refugiados, la Guardia Civil les detiene y les reenvía a las autoridades marroquíes, por eso me gustaría que el tribunal internacional condene estos actos " dice Emmanuel que sigue con atención todas las noticias que tienen que ver con los jóvenes africanos que intentan cruzar el Mediterráneo hacia Europa "lo que espero del Tribunal es que todos los clandestinos que estén en el lado marroquí, en Libia o en otros sitios, que se les respete sus derechos. Que todas las personas, aunque sean clandestinos, deben ser reconocidos por las autoridades, esto es lo que le demando al Tribunal Europeo" afirma este joven camerunés.

Solicitan que se condene a España y se les indemnice por los daños causados

"Solicitamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condene al Estado español por la violación del distintos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y solicitamos en virtud del artículo 41 del CEDH, que condene al Estado español al pago de 15.000 Euros a cada demandante por los daños y perjuicios sufridos así como al pago de los gastos y costas procesales", se recoge literalmente en la demanda presentada hoy en Estrasburgo.

"Reclamamos justicia. Que se haga justicia sobre este caso. No sé qué pasará en el futuro, en los próximos días o en los próximos meses. El caso es que me encuentro en Marruecos. He hecho centenares de kilómetros para encontrar un trabajo y ha buscado pero no he encontrado nada y tengo que pagar muchas cosas: el alojamiento y hay que pagar, pagar, pagar .No sé qué haría con ese dinero, en Marruecos hay un racismo terrible, a pesar de que está abolido hace años" denuncia Emmanuelle.

En ningún momento se plantea volver a su país con esos 15.000 euros "porque allí ha sufrido mucho y no quiere volver a pasar por ello. Con esos 15.000 euros la primero que haría sería conseguirme al menos un alojamiento, he pasado tantas noches en la calle en Marruecos y si tuviera la posibilidad de conseguir un sitio para alojarme con esos 15.000 euros y además tener la posibilidad también de enviarle una cantidad a la familia a mi país y poder continuar mi vida."

Sigue soñando con llegar algún día a España

"Si, me gustaría verdaderamente hacerlo, si pudiéramos ser atendidos los que estuvimos en la Isla de Tierra... entonces no nos atendió ningún abogado, nadie y nos expulsaron, y si hubiera ocasión me gustaría seguir el proceso en España y obtener la tarjeta de residencia", anhela Emmanuelle que mantiene, como sus abogados, muchas esperanzas en que el Tribunal Europeo admita a trámite su denuncia( podría tardar entre 3 meses y un año en hacerlo) y conseguir finalmente que se condene a España por estos actos.

El Defensor del Pueblo ya lo calificó de ilegal

En su informe 2012, publicado en febrero de este año, el Defensor del Pueblo recogió de forma explícita que "las actuaciones llevadas a cabo no se ajustaron al ordenamiento jurídico vigente" a la vez que recordaba a la Secretaría de Estado de Seguridad " la necesidad de respetar en todo caso el procedimiento previsto en la Ley Orgánica 4/2000 ( Ley de Extranjería) para aquellos supuestos de interceptación de extranjeros que intenten acceder a territorio nacional de manera irregular".

Italia ha sido condenada por un caso parecido

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Italia a finales de febrero de 2012 por violar varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos al haber expulsado a Libia a unos 200 inmigrantes somalíes y eritreos, interceptados en mayo de 2009 a 35 millas al sur de Lampedusa.

Los 17 jueces de la Gran Sala acordaron unánimemente que Italia indemnizara a los 22 inmigrantes que presentaron la demanda ante el Tribunal (de los 24 demandantes, dos han fallecido) 15.000 euros por daños morales a cada uno de los demandantes y una cantidad global de 1.575,74 por las costas.

En este caso, presentado contra el Estado italiano por Hirsi Jamaa y otros inmigrantes afectados, la indemnización solicitada por los demandantes coincide con la cantidad que acuerda la sentencia.

La sentencia concluye que Italia violó el artículo 3 (Prohibición de la tortura) en dos ocasiones por la posibilidad de los demandantes de sufrir malos tratos, primero en Libia y después en Somalia o Eritrea.

La Gran Sala también falló contra Italia por las violaciones de los artículos 4 del Protocolo nº 4 (Prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros) y 13 (Derecho a un recurso efectivo) del citado Convenio.

Los 22 demandantes que han sobrevivido están en diferente situación: la mayoría dispone de estatuto de refugiado y residen en Benín, Malta, Suiza e Italia, cuatro residen en Libia, dos están en paradero desconocido y uno en el campo de retención de Choucha, en Túnez.