Hacienda destituyó a la inspectora por desobediencia en la tramitación de la sanción a Cémex

La dirección de Grandes Contribuyentes convocó al menos a una docena de inspectores para explicarles el cese de la inspectora y el jefe de la Delegación Ignacio Ucelay. Fue Ignacio Huidobro, el máximo responsable de la delegación, quien vinculó el cese fulminante de esta inspectora técnica al expediente sancionador de la multinacional cementera. La reunión fue tensa y en ningún momento se planteó la reorganización y el cambio de equipos como motivo de las dimisiones, un argumento utilizado por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y el propio Director General de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez.

Según fuentes de la Delegación consultadas por la Cadena SER, fue el jefe de la Delegación de Grandes Contribuyentes, Ignacio Huidobro, quien convocó la reunión urgente a las pocas horas del cese fulminante de la inspectora y la dimisión del jefe de la División, Ignacio Ucelay. El asunto del que trataron fue precisamente el expediente sancionador de la cementera mexicana Cémex y no una remodelación de equipos como ha asegurado el ministro Cristóbal Montoro y el Director General de la Agencia, Santiago Menéndez, en diversas entrevistas a los medios, además del comunicado oficial de la Agencia Tributaria.

Huidobro convocó a los inspectores que habían participado en la tramitación del expediente, pero también a los jefes de equipo de las dependencias de control tributario de Grandes Contribuyentes, que nada tenían que ver con el asunto Cémex. En total, unos 12 altos cargos de la Delegación.

Fue una reunión tensa, que comenzó con los inspectores y Huidobro enfrentados, en la que el jefe de Grandes Contribuyentes acusó a la inspectora de desobediencia al no haber consultado con la Dirección antes de cerrar el expediente. ¿Por qué debía haber realizado una consulta poco habitual en la tramitación de un tipo de expedientes administrativos que se llevan a cabo a diario? La intención del máximo responsable Ignacio Huidobro, según apuntan distintas fuentes internas, era incorporar un criterio (que califican de ad hoc) en la tramitación del polémico expediente. Esta modificación de criterio en la calificación habría rebajado la sanción a Cémex de 450 millones de euros a nada, según las mismas fuentes.

¿Qué criterio dejaría 450 millones de euros en cero?

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En la tramitación de un expediente, cuando Hacienda detecta que la empresa ha falseado sus cuentas con pérdidas ficticias -como es el caso - sin intención de defraudar al fisco, se resuelve como un conflicto -según el lenguaje de la Agencia Tributaria- y no hay multa. Pero si los técnicos de la Delegación entienden que la empresa está simulando las cuentas para no pagar impuestos, entonces sí hay sanción. La Ley General Tributaria establece una multa del 15% sobre el importe de la base imponible, de ahí que ascendienda a los 450 millones de euros que calculan los inspectores.

Según coinciden distintas fuentes internas consultadas, el expediente de la funcionaria y el equipo de inspectores estaba tan avanzado que era muy difícil justificar ese cambio de criterio. Es más, entre las razones del jefe de la inspectora cesada para decidir multar a la cementera en contra del criterio del Gobierno,  estaba el temor de Ucelay a incurrir en posibles consecuencias penales, es decir, temía que el carpetazo del expediente pudiera suponer una posible prevaricación o falsedad en documento público.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con la Agencia Tributaria, mantienen la versión oficial e insisten en un proceso de restructuración de equipos como motivo del cese de la inspectora. Fuentes oficiales del organismo público confirman off the récord que la sanción a Cémex le ha costado el puesto a la inspectora y al jefe de la división por un supuesto motivo de pérdida de confianza.

No es la primera vez que el Gobierno destituye a inspectores de Hacienda. Como avanzó en su día esta emisora, Hacienda cesó a seis máximos cargos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria (ONIF), entre ellos el jefe de investigación Víctor de la Morena, encargado de los casos de mayor relevancia. Los calificaron de "cambios completamente normales" en lo que numerosos inspectores entendieron como una injerencia política en las unidades más delicadas de la Agencia Tributaria en materia de investigación de delitos fiscales. Los cambios se atribuían entonces a Pilar Valiente, recientemente nombrada jefa adjunta de la ONIF. Valiente fue presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante el gobierno de Aznar y tuvo que dimitir por su actuación en el 'caso Gescartera', tras conocerse que había tratado de favorecer a los principales implicados.

Reacciones

A raíz de la información desvelada por esta emisora, la oposición ha pedido la dimisión y la comparecencia urgente en sede parlamentaria del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

 Por parte de los técnicos de Hacienda, desde el colectivo Gestha, han denunciado cómo asesores de la exconsultora del ministro Montoro han podido mediar con Cémex para evitar la multa millonaria y piden una comisión de investigación en el Congreso.