El PP entregó al juez un 10% de la documentación que conserva sobre la reforma de su sede

La investigación deja en evidencia la pregonada colaboración del Partido Popular con la investigación que se sigue por la presunta contabilidad B que figura en los papeles de Luis Bárcenas. El registro acordado el pasado jueves en la sede del PP ha revelado que los populares entregaron sólo un 10% de la documentación que conservaban de la reforma de la sede del partido en el Gobierno en la calle Génova. La policía judicial no pudo acceder el pasado jueves a los correos electrónicos del exgerente, Cristóbal Páez, ni a los del extesorero, Álvaro Lapuerta porque habían sido borrados. Fuentes de la investigación señalan, sin embargo, que las comunicaciones electrónicas de Páez están incorporadas a la causa porque fueron requisadas en el registro a Unifica, la empresa que realizó la remodelación de la sede.

La Cadena SER ha tenido acceso al acta del registro efectuado por el juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional en la sede del PP el pasado jueves. El documento revela que la colaboración de los populares con la Justicia no es la que pregonan. El juez, Pablo Ruz, pidió el pasado mes de julio toda la documentación relativa a la reforma de la sede de Génova al detectar un desfase de 140.000 euros. Los populares entregaron 520 documentos mientras que en el registro la policía judicial se ha incautado de 5.067, es decir, el Partido Popular entregó solamente un 10% de toda la documentación que conservaba.

El registro no afectó a los despachos de ningún político del partido y se centró en el área económica del PP. Los agentes revisaron los dos servidores de Luis Bárcenas donde no había correos electrónicos relacionados con la investigación y los de su cuñado, Antonio de la Fuente, donde sí encontraron documentación para incorporarla al sumario, en concreto dieciocho correos electrónicos. El contenido de las cuentas de los correos electrónicos del exgerente Cristóbal Páez había sido borrado. Sin embargo, fuentes de la investigación apuntan a que las comunicaciones de Páez relacionadas con los hechos fueron intervenidas en el registro que se practicó en la sede de la empresa Unifica, encargada de remodelar la sede del PP. El que fuera fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, acudió para asesorar al PP durante el registro según figura en el acta.