Los agregadores deberán pagar por los contenidos con derechos de autor

El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual para su remisión al Congreso once meses después de su presentación y envuelto en una gran polémica por parte de los sectores implicados. Wert ha explicado que se trata de una reforma parcial que pretende fortalecer la posición de los creadores y facilitar la transición digital de las industrias culturales y creativas.

El proyecto establece un mayor control de las sociedades de gestión de derechos de autor, que tendrán que hacer transparentes sus tarifas y facilitar auditorías periódicas de sus cuentas. Estas sociedades tendrán que participar en una sociedadde carácter privado para gestionar el pago de los derechos de autor como si fuese una Ventanilla Únicapara los usuarios.

En cuanto a la lucha contra la piratería en Internet se permite investigar e identificar a los infractores sin recurrir a la vía penal y actuar no sólo contra las páginas piratas, sino también contra las llamadas páginas de enlacey contraanunciantes y plataformas que las mantienen económicamente. Recordando una de sus frases, el ministro José Ignacio Wert admite que las medidas no puedan acabar totalmente contra la piratería pero si avanzar mucho.

Según el anteproyecto, las sanciones contra la piratería se fortalecerán y se introducirá un régimen sancionador gradual, de entre 30.000 y 300.000 euros, en función del grado de infracción. De esta forma, habrá mayor capacidad para actuar frente a las páginas que más vulneran la propiedad intelectual.

Respecto a las entidades de gestión, el anteproyecto establece un refuerzo de la transparencia y vigilancia de estas entidades. Según explicó el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, esto se traduce en la "limitación de la capacidad de las entidades de gestión de aprobar e imponer tarifas", para que no se produzca una "asimetría entre la entidades de gestión y las posibilidades de los usuarios".

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Otro de los asuntos más delicados es la compensación por copia privada, uno de los temas que más criticó el Consejo de Estado en su dictamen sobre el anteproyecto de esta reforma, un informe en el que se recomienda extremar "las cautelas" en la definición del límite de copia privada, así como en la "correlativa implantación del sistema de compensación equitativa por copia privada".