La Fiscalía pide concluir "urgentemente" el 'caso Tíbet' para recurrir al Constitucional

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Ismael Moreno que concluya "urgentemente" el sumario del 'caso Tíbet', de manera que la Sala de lo Penal decida si archiva la investigación en base a la reforma de la justicia universal. Se trata de la causa en la que permanecen imputados cinco ex altos cargos del ejecutivo Chino por los presuntos crímenes cometidos contra la población del Tíbet en la década de los ochenta.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido formalmente al juez Ismael Moreno que concluya "de manera urgente" el sumario del 'caso Tíbet' para que la Sala de lo Penal de este organismo decida si cierra la investigación, en base a la nueva ley de la justicia universal impulsada por el Partido Popular. La Fiscalía, tal y como hizo con el juez Santiago Pedraz, recuerda a este magistrado que debe ser la Sala de lo Penal quien decida si el caso debe ser cerrado en aplicación de la reforma legislativa, y vuelve a sacar a colación la posibilidad de cuestionar la constitucionalidad de la nueva norma.

Se trata de la causa judicial que investiga los presuntos delitos cometidos por China en el Tíbet en la década de los ochenta, y en la que permanecen imputados cinco ex altos cargos del ejecutivo chino, entre ellos el expresidente Jiang Zemin. Ahora será el juez quien decida, después de escuchar también las alegaciones de las partes, si concluye el sumario y lo eleva a la Sala, tal y como pide la Fiscalía en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En su escrito, la Fiscalía también recuerda que clausurar el sumario no sólo permite elevar esta cuestión al organismo competente, la sala de lo penal, sino que también abre la puerta a "adoptar la decisión que estime procedente en relación con la constitucionalidad de la citada norma". Ayer, otro escrito de la Fiscalía dirigido al juez Santiago Pedraz, en el que le reprochaba que hubiera decidido continuar con la investigación del 'caso Couso' sin elevarlo a la Sala, apuntaba según su criterio a la posible inconstitucionalidad de la nueva ley, señalando que podría vulnerar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia y la independencia de los jueces.

Otro magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, también planteó a la Fiscalía y a las partes si debería elevar una cuestión de inconstitucionalidad sobre esta nueva reforma por los dos casos de justicia universal que maneja en su juzgado.