Dieciocho jueces decidirán sobre la aplicación de la justicia universal

La Audiencia Nacional ha decidido que serán los 18 jueces del pleno de la Sala de lo Penal los que estudien cada recurso que se plantee sobre casos de justicia universal, para discernir cómo aplicar la nueva reforma del Partido Popular a cada sumario. La importancia de estos casos y el objetivo de que todos los jueces se impliquen en el debate han llevado al presidente de la Sala de lo Penal a llevar este asunto a pleno.

Dieciocho jueces de la Audiencia Nacional decidirán lo que hacer con los casos de justicia universal después de la reforma del Partido Popular. Así lo ha decidido por unanimidad la Sala de lo Penal de este organismo, reunida en pleno este viernes para buscar una respuesta unificada de la Audiencia Nacional ante esta nueva ley: todos los recursos que lleguen sobre casos de justicia universal serán discutidos por el pleno de la Sala de lo Penal, y no por cada una de sus secciones.

La Audiencia Nacional afrontará de forma unificada, por tanto, la respuesta a la reforma impulsada por el PP. Es una medida tomada en el pleno de este viernes, en el que el presidente de la Sala, Fernando Grande-Marlaska, decidió incluir este asunto por la importancia de cada uno de los casos y el objetivo de que todos los jueces se impliquen en el debate y lleguen a un acuerdo consensuado para dar respuesta a la nueva ley. La otra opción era dejar que cada una de las diferentes salas, compuestas por tres magistrados, resolviera cada uno de los recursos que le fueran llegando de los diferentes casos de justicia universal investigados en la Audiencia Nacional.

Posible cuestión de inconstitucionalidad

Por ahora han sido varios jueces y fiscales de la Audiencia Nacional los que han movido ficha con respecto a la nueva reforma: mientras el juez Pedraz ha decidido seguir adelante con la investigación de la muerte de José Couso en Iraq, y el juez Andreu ha planteado la posibilidad de elevar una cuestión de inconstitucionalidad, varios fiscales han expresado la necesidad de concluir los sumarios y elevar los asuntos precisamente a la Sala de lo Penal, así como han dejado caer la idea de llevar esta nueva ley al Tribunal Constitucional.

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