El juez quiere sentar a la infanta en el banquillo por su "colaboración silenciosa"

José Castro ha cerrado este miércoles la investigación abierta por el desvío de casi seis millones de euros públicos que recibió el Instituto Nóos de los gobiernos de Francisco Camps y Jaume Matas. El juez ha hecho público el auto de transformación a procedimiento abreviado en el que incluye a la infanta Cristina. Castro aprecia contra ella indicios de tres delitos. Uno de blanqueo de capitales y dos de fraude fiscal que habría cometido a través de la sociedad Aizoon que comparte al 50% con su marido.

El juez que investiga el fraude del Instituto Nóos concluye la investigación que ha seguido la pista de los seis millones de euros públicos que terminaron en sociedades vinculadas a Iñaki Urdangarin y Diego Torres procedentes de esta entidad sin ánimo de lucro. José Castro aprecia indicios de delito contra los dos presuntos cabecillas de este caso de corrupción, la infanta Cristina y otras trece personas. Atribuye hasta nueve delitos al cuñado del rey y ocho a su exsocio. Cristina de Borbón se enfrenta a dos presuntos delitos fiscales y uno de blanqueo de capitales que habría cometido a través de la sociedad Aizoon que comparte con su marido.

Vaciado activo de fondos

Dice el juez que la infanta "ha intervenido de una parte lucrándose en su propio beneficio y de otra facilitando los medios para que lo hiciera su marido mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social de los fondos ilícitamente ingresados en esta mercantil" y que "intervino activamente en el vaciado de fondos de la sociedad". La empresa matrimonial, añade, era "un disfraz mercantil, una sociedad pantalla que fue destinataria de una parte de los fondos públicos procedentes del Instituto Nóos para sustraerlos de la correcta tributación, obtener beneficios fiscales y posibilitar deducciones que en otro caso devendrían imposibles".

Los dos delitos fiscales atribuidos a Urdangarin que defraudó en sendos ejercicios más de 300.000 euros se cometieron, según el auto, "gracias a que Aizoon, coparticipada al 50% por la infanta Cristina, se prestó a tales fines como viene a reconocer la propia agencia tributaria en sus informes". Sobre el blanqueo de capitales, el juez recuerda que esta empresa incurrió en "gastos, servicios y compras exclusivamente privados del matrimonio, ajenos a la actividad de la mercantil" que se nutría fundamentalmente de fondos públicos que recibía de los gobiernos de Jaume Matas y Francisco Camps para organizar jornadas de turismo y deporte. El auto del juez es recurrible y el fiscal, Pedro Horrach, impugnará que el juez quiera sentar en el banquillo a la Infanta Cristina. La última palabra la tendrá la Audiencia de Palma.

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