Martes, 16 de Agosto de 2022

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LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

El Gobierno prohíbe por ley las identificaciones por razones étnicas

La ley también regula los cacheos y fija que el traslado y estancia en comisaría para la identificación no supere el plazo máximo de seis horas

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Educación, José Ignacio Wert

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Educación, José Ignacio Wert / EFE

El Gobierno prohíbe por primera vez por ley las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas, regula los cacheos y fija que el traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas no supere el plazo máximo de seis horas.

Así se recoge en el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana que hoy el Gobierno ha remitido a las Cortes. "Por primera vez una norma con rango de ley prohíbe que se hagan identificaciones indiscriminadas o por perfiles étnicos", ha destacado Fernández Díaz, quien ha recordado que circulares policiales ya impedían estas prácticas.

El titular de Interior ha defendido que la identificación de las personas por los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "deberá respetar los principios de no discriminación y proporcionalidad".

Respecto a las manifestaciones, el ministro ha dejado claro que el nuevo texto no modifica "para nada" la legislación actual sobre el derecho de reunión y manifestación y rebaja de grave a leve las que se desarrollen sin haber sido comunicadas ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos. Pero si además de no ser comunicadas, se perturba gravemente el orden público, se considerará una infracción grave.

Después de siete meses desde que el Consejo de Ministros diera el visto bueno al anteproyecto y tras incluir las aportaciones de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal o la Agencia de Protección de Datos, el Gobierno remite para su tramitación parlamentario el nuevo proyecto.

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