Bankia puso trabas a la investigación del proyecto Grand Coral, según una auditora

Madrid

El juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional investiga el caso de la supuesta estafa en el proyecto inmobiliario del Grand Coral en el Caribe Mejicano. Es la supuesta concesión fraudulenta de créditos por parte del expresidente de Bancaja y del Banco de Valencia, José Luis Olivas, en colaboración con varios directivos de la entidad, a los empresarios Juan Ferri y José Baldó, que han provocado un agujero de 240 millones de euros en ambas entidades.

Bankia fue la que denunció el caso en un primer momento a la Audiencia Nacional, pero según la auditora PriceWaterhouseCoopers, dificultó con posterioridad la investigación.

En su respuesta al juzgado, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, la auditora afirmó en noviembre pasado que durante los meses de “junio y julio de 2013”, ya en la etapa de José Ignacio Goirigolzarri, solicitaron a Bankia “obtener y/o acceder” a las “evidencias digitales” de las “personas relevantes” de Bancaja y Bancaja Hábitat vinculadas en la operación “Grupo Grand Coral”. La petición, según la auditora, fue “finalmente desestimada por parte de Bankia en septiembre de 2013”.

Los correos electrónicos de Ferri, Baldó, Olivas y otros implicados, cuyo contenido avanzó la SER, fueron clave para conocer el alcance de la supuesta estafa, los viajes a Cuba de los implicados en jet exclusivo o la evasión a Andorra y Suiza de 130 millones que formaban parte de los créditos para el proyecto, y que fue ejecutada por los empresarios amigos de Olivas.

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El juez de la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas, tuvo que enviar a la Guardia Civil a las sedes de Bancaja y del Banco de Valencia para obtener los correos con dos requerimientos en sus bolsillos. O se los daban por las buenas, o procedería al registro. Los dirigentes se decantaron por la primera opción.

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Desde Bankia niegan la versión de la auditora. Afirman que no podían facilitar correo electrónico alguno de los directivos de Banco de Valencia o de Bancaja porque desde la nacionalización de Bankia, ninguna de estas cajas forman parte ya de la entidad, y por tanto, carecen de acceso a los mismos. En cualquier caso, sostienen que PriceWaterhouse “en ningún momento pidió formalmente” esas evidencias electrónicas relativas al proyecto Grand Coral.

Además de denunciar inicialmente el caso, Bankia también recurrió cuando en febrero del año pasado, el entonces juez instructor de la causa, Javier Gómez-Bermúdez, sobreseyó la causa. La Sala de lo Penal obligó después al magistrado a continuar con las pesquisas. El pasado 1 de julio, su sucesor en el juzgado de instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González, dejó en libertad aunque imputado por estafa y malversación a José Luis Olivas y a los exdirectivos Domingo Parra y Julián Dolz; envió a prisión eludible con el pago de una fianza de 500.000 euros a los también exdirigentes de estas entidades, Aurelio Izquierdo y José Cortina; y a prisión incondicional a los empresarios amigos de Olivas, Juan Ferri y José Baldó.