Miércoles, 03 de Junio de 2020

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PACTOS POSTELECTORALES

Acabar con la corrupción con otro modelo de justicia

Los principales puntos del acuerdo entre PSOE y Ciudadanos en materia de justicia

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante la firma del acuerdo de investidura y legislatura alcanzado entre los dos partidos, hoy en el Congreso de los Diputados.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante la firma del acuerdo de investidura y legislatura alcanzado entre los dos partidos, hoy en el Congreso de los Diputados. / Sergio Barrenechea (EFE)

El acuerdo PSOE-Ciudadanos "para un gobierno reformista y de progreso", rubricado hoy en el Congreso, incluye varias iniciativas para derogar leyes en vigor como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita los plazos para la investigación, o el Código Penal con la prisión permanente revisable.

El documento apuesta por favorecer a los delatores de delitos de corrupción, hacer los indultos más trasparentes y reducir a la mitad el Consejo General del Poder Judicial. Estas son las aportaciones en materia de Justicia y Seguridad que incluye:

Incrementar la Ley de Memoria Histórica

Es la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. El acuerdo propone revitalizar la aplicación de dicha ley incorporando la dotación presupuestaria que en su caso sea necesaria.

Seguridad ciudadana

Reformar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para revisar los preceptos que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional y aquellos otros que reconocen facultades excesivas de intervención por las fuerzas de seguridad, sustituyen el criterio de legalidad por el de oportunidad o eficacia para tales intervenciones o los que atribuyen a las fuerzas de seguridad poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales: restricciones del tránsito y controles en las vías públicas y comprobaciones y registros en lugares públicos.

Tribunal de Cuentas

Reforzar el papel de control y fiscalización del Tribunal de Cuentas para auditar en tiempo real las cuentas de las organizaciones políticas, con una mayor capacidad sancionadora. Informar trimestralmente al Tribunal de Cuentas de todas las aportaciones privadas recibidas, de los créditos contratados y de los acuerdos de renegociación de deudas con las entidades financieras. El Tribunal de Cuentas deberá publicar con carácter inmediato la información recibida e identificar a los donantes una vez superen la cantidad de 200 euros anuales.

Contra la corrupción

Proceder al cese de altos cargos cuando se les abra juicio oral por algún delito doloso y suspender a concejales y parlamentarios a los que se les abra juicio oral por algún delito doloso.

Publicidad de delitos fiscales

Revisar la regulación del secreto fiscal a fin de posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias muy graves y la identidad de sus autores.

Medidas de represión

Revisar los actuales delitos contra la Administración Pública (prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas) definiendo mejor las conductas contrarias a la ley, incrementando las penas para los delitos cometidos por funcionarios o autoridades públicas y reforzando las penas privativas de libertad en los delitos contra la Administración pública con penas de inhabilitación absoluta y especial, así como la suspensión para empleo o cargo público.

Tipificar el delito de enriquecimiento injusto (o ilícito)

Castigar así el incremento patrimonial de autoridades y funcionarios públicos, producido durante el período de su mandato, cuando no puedan justificar la causa de este incremento.

El testaferro

Tipificar entre las modalidades del delito de encubrimiento la figura del testaferro en las conductas de creación y/o mantenimiento de estructuras societarias u organizaciones de cualquier clase que no tengan otro fin que actuar en el mercado encubriendo actividades económicas ajenas de fraude y corrupción.

Revisar el delito de financiación ilegal de partidos políticos

Rebajar significativamente la cuantía mínima que da lugar a los supuestos con penas de prisión y tipificar la manipulación de cuentas anuales de los partidos políticos.

Revisar las competencias para la Audiencia Nacional

Revisar las competencias de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción para los delitos de funcionarios públicos, autoridades y corrupción política.

Más medios para la fiscalia

Establecer un plan especial para dotar de medios humanos y materiales adecuados para la lucha contra la corrupción a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, especialmente a la Fiscalía Anticorrupción y las fiscalías provinciales, donde se concentra más del 80% de los casos de corrupción.

Incentivos para los delatores

Establecer incentivos para fomentar y favorecer el afloramiento de casos de corrupción: atenuantes específicas para los supuestos de autodenuncia para más delitos que los actualmente previstos. Regular la protección de quien denuncia prácticas corruptas e ilegales tanto en la Administración Pública como en el sector privado, a fin de proteger a la ciudadanía que denuncie este tipo de delitos de cualquier clase de represalias. En este marco, se contemplan medidas que aseguren la indemnidad y protejan la identidad de los denunciantes, que reconozcan su condición de testigos protegidos y que sancionen el acoso o mobbing y la revelación de su identidad.

Limitar y condicionar las sentencias de conformidad a la existencia de una cooperación activa y aportación de pruebas determinantes para el esclarecimiento del caso o descubrimiento de otros, así como el obligado pago de la responsabilidad civil derivada del delito.

Menos indultos, más trasparentes

Prohibir la concesión de indulto en cualquier delito vinculado a supuestos de corrupción, violencia de género y contra los Derechos Humanos. Incorporar la necesidad de su motivación y acentuar la información a las Cortes Generales sobre los indultos concedidos.

Reforma de la justicia

Impulsar un pacto de Estado con el objetivo de alcanzar la media europea en cuanto a número de jueces y medios materiales.

Derogación inmediata de la prisión permanente revisable incluida hoy en el Código Penal.

Derogación también inmediata del artículo 315.3 del Código Penal sobre el ejercicio del derecho de huelga.

Revisión de las penas relativas a los delitos que afectan al conjunto de la sociedad, como los delitos contra la Hacienda Pública, la ordenación del territorio, el medio ambiente y el urbanismo.

Con carácter más general, revisión del Código Penal para "volver a los principios del Código Penal de la democracia".

Con carácter inmediato, derogar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo referido a la limitación de los plazos de instrucción.

La investigación al fiscal

Aprobar con el mayor consenso una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y que cree la figura del juez de garantías.

Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar la autonomía de la institución. Con carácter previo al nombramiento por el Gobierno del Fiscal General del Estado, el candidato a fiscal comparecerá ante la Comisión de Justicia que podrá rechazar de forma razonada la propuesta por una mayoría de tres quintos.

Reducir el CGPJ

Reformar la LOPJ para redefinir la nueva estructura organizativa y territorial del Poder Judicial, revisar el modelo de acceso a la carrera judicial y asegurar el mérito y la capacidad en los nombramientos judiciales. Reducir a la mitad la composición del CGPJ y corregir sus funciones.

Realizar una reforma del sistema de justicia gratuita fomentando la especialización y dotándola de medios suficientes y adecuados.

Desarrollar el despliegue territorial de la oficina judicial y de sus servicios comunes, implantando en todo el territorio español un único sistema informático de gestión procesal.

Suprimir las tasas judiciales actuales para pequeñas y medianas empresas.

Crear los tribunales de instancia, que sustituirán a los órganos unipersonales

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