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Viernes, 15 de Noviembre de 2019

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Los últimos condenados por la dictadura Argentina

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la capital Argentina ha dictado penas de hasta 25 años para 15 de los 17 acusados, todos argentinos salvo un uruguayo, por asociación ilícita. El proceso había arrancado con 22 acusados, pero cinco ya murieron o fueron apartados por cuestiones de salud

Argentina's former President and Army Chief Reynaldo Bignone sits in a courthouse during the first day of his trial, accused of participating in "Operation Condor", in Buenos Aires March 5, 2013. / ()

El último dictador argentino, Reynaldo Bignone que apenas ocupó el cargo durante un año, ha sido condenado a 20 años de prisión por asociación ilícita y privación ilegítima de libertad con abuso de funciones, la misma pena que se le ha aplicado al ex director de la Escuela de Caballeria Rodolfo Emilio Feroglio. 25 años de cárcel para el ex comandante Santiago Rivero, ex militar uruguayo que formó parte del Servicio de Información de Defensa y operaciones Antisubversivas y Manuel Cordero ex agente del servicio secreto argentino Miguel Ángel Furci todos ellos encausados en el histórico y extenso juicio por el Plan Cóndor que los ha considerado responsables de una asociación ilícita entre las dictaduras del Cono Sur para reprimir al menos a 106 personas durante las décadas de los 70 y 80.

16 años ha durado este proceso, durante el cual han muerto cinco de los 22 acusados, entre los que se encontraba el dictador Jorge Rafael Videla que ya falleció. Durante la lectura del veredicto que ha realizado el juez Oscar Almirante, estuvieron presentes la mayor parte de los condenados, casi todos también inhabilitados para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena, aunque sí acudieron familiares de las víctimas y representantes de organizaciones pro derechos humanos.

La primera denuncia por el Plan Cóndor, fue presentada contra todos los jefes de estado de los gobiernos de facto en la región en el año 99, cuando en Argentina aún seguían vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que establecían un límite en las investigaciones de los delitos cometidos por el terrorismo de Estado de la última dictadura y se habían establecido los indultos.

En la fase final del actual juicio, que comenzó hace tres años y finalizó el debate hace unos meses en los que se incluyeron 300 testimonios de víctimas, familiares o testigos.

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