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Dimisiones políticas

Las veces que los políticos dimitieron

El calendario electoral ha obligado a los partidos a ser ágiles en la asunción de responsabilidades políticas tras una imputación

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Ana Mato, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, José Antonio Viera, Pedro Gómez de la Serna, Salvador Victoria y Lucía Figar / EFE

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Ana Mato, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, José Antonio Viera, Pedro Gómez de la Serna, Salvador Victoria y Lucía Figar

Madrid

Desde que Luis Bárcenas fue imputado en el caso Gürtel, hasta que presentó su dimisión como senador por Cantabria, pasaron diez meses. Ese fue el tiempo que el extesorero del PP aguantó sentado en su escaño en la Cámara Alta después de que el Tribunal Supremo lo citara a declarar. En los últimos meses, los tiempos políticos y el calendario electoral han obligado a los partidos a actuar de forma más contundente y con mayor agilidad. La rapidez también ha dependido del peso del dirigente implicado. Los últimos casos conocidos, el de la diputada socialista Puerto Gallego que abandonó su cargo dos horas después de conocer su imputación o del popular Daniel Ortiz, implicado en el caso Púnica y que no esperó a dar su versión ante el juez, son ejemplos que demuestran que la sensibilidad ante este tipo de acontecimientos ha cambiado.

Lucía Figar y Salvador Victoria

Tanto la titular de educación como el consejero de presidencia de la Comunidad de Madrid, bajo el mandato de Ignacio González abandonaron su cargo a unas semanas de ser relevados por un nuevo equipo de Gobierno. Estaban en funciones pero su continuidad ponía en peligro el acuerdo que Ciudadanos y el PP negociaban para hacer presidenta a Cristina Cifuentes. Desde que se hizo pública su imputación en el marco de la operación Púnica hasta que dejaron su cargo pasaron solo 48 horas.

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Chaves y Griñán

A los expresidentes andaluces les costó más tiempo dejar su escaño en el Congreso y el Senado respectivamente. La suya fue una dimisión en diferido. El juez instructor del caso ERE en el Tribunal Supremo los cito a declarar en febrero de 2015, en abril ambos anunciaron su decisión de no continuar en política, pero no fue hasta junio cuando formalmente dejaron su acta como parlamentarios. Esperaron hasta que la justicia pidió el suplicatorio al Parlamento y confirmó su imputación por un delito de prevaricación. Su salida también se precipitó, no solo por las novedades en su situación procesal, sino porque su situación impedía que Susana Díaz lograra los apoyos necesarios ser reelegida al frente de la Junta de Andalucía.

José Antonio Viera

El que hasta 2004 fue consejero de Empleo de la Junta de Andalucía fue imputado al mismo tiempo que los expresidentes Chaves y Griñán. Cuando el Tribunal Supremo confirmó que lo investigaba por presuntos delitos de malversación y prevaricación de fondos públicos, José Antonio Viera se negó a abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados, saltándose el criterio de la dirección federal del PSOE. El dirigente se pasó al grupo mixto y allí mantuvo el aforamiento durante dos meses más.

Pedro Gómez de la Serna

El diputado del PP por Segovia también se negó a abandonar su escaño después de que la Audiencia Nacional se decidiera a investigar el presunto cobro de comisiones millonarias por asesorar a empresarios junto con el ex embajador de España en la India, Gustavo de Arístegui. El grupo mixto también se convirtió en un refugio para de la Serna que pidió la baja en el grupo popular y permaneció aforado hasta la convocatoria de las pasadas elecciones, cuando Génova no lo incluyó en las listas electorales.

Ana Mato

Las dudas sobre la implicación de la exministra de Sanidad en el caso Gürtel la acompañaron durante todo su mandato. El Partido Popular y el propio Mariano Rajoy dieron por válidas sus explicaciones sobre los viajes, el Jaguar y la comunión que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, pagó a Ana Mato, sus hijos y Jesús Sepúlveda. Ella siempre defendió que no podía ser responsable de los errores que había cometido su expareja. El presidente de Gobierno no vio necesaria su dimisión hasta que, en un momento de máxima presión para él, el juez declaró que se había beneficiado de los fondos ilícitos de la red corrupta.

 
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